El gobernador Mauricio Kuri González consideró viable la propuesta de que los municipios asuman la operación de los servicios de agua potable, aunque aclaró que la decisión debe basarse en un análisis técnico y en las condiciones particulares de cada demarcación.
Al ser cuestionado sobre la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para municipalizar el servicio, Kuri sostuvo que el tema debe pasar por una revisión formal: “Que se revise infraestructura y que se revisen capacidades, y eso que lo reboten en las legislaturas, que para eso están”.
El mandatario señaló que en algunos municipios el esquema ya funciona, como San Juan del Río, que cuenta con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), por lo que —dijo— ahí la municipalización es plenamente viable.
Respecto a Cadereyta de Montes, donde se impulsará un plebiscito para consultar a la población sobre este cambio, Kuri advirtió que cualquier transición deberá contemplar la infraestructura a cargo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA). “Tendrían que pagar también lo que ya tenemos ahí de infraestructura que tiene la CEA, o se tendría que ver la forma”.
Aunque reiteró que el análisis debe realizarse caso por caso, el gobernador afirmó que si la ley lo permite y las capacidades lo respaldan, la municipalización puede avanzar: “Si la ley lo marca, adelante”.
La iniciativa de Ley General de Aguas presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea que los municipios retomen la operación del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento, como marca el artículo 115 constitucional.
La propuesta busca reforzar esta atribución en la nueva legislación y ordenar las competencias entre Federación, estados y municipios, de modo que estos últimos sean los responsables directos de la prestación del servicio.
El proyecto también contempla recuperar concesiones irregulares, crear un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales y fortalecer la supervisión sobre el uso del recurso. Aunque especialistas advierten retos en capacidad e infraestructura municipal, el gobierno sostiene que este modelo permitirá una gestión más cercana, transparente y eficiente.