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La titular del Órgano Interno de Control del municipio de Querétaro, Gabriela Jiménez, informó que fue impugnada la sentencia emitida por el Tribunal de Responsabilidades Administrativas relacionada con presuntos desvíos de recursos durante la anterior administración municipal.
La sentencia originalmente ordenaba la reparación del daño por un monto de 16 millones de pesos, así como la inhabilitación por 20 años para dos exfuncionarios municipales, quienes estarían vinculados a irregularidades en los programas de apoyo emergente y becas.
Sin embargo, uno de los involucrados obtuvo un amparo, lo que provocó la suspensión del proceso, dejando en pausa la ejecución de las sanciones.
Jiménez precisó que el Órgano Interno de Control no cuenta con acceso completo a los expedientes, ya que estos están bajo resguardo del Tribunal de Responsabilidades Administrativas. Además, subrayó que los casos se derivan de investigaciones iniciadas en la administración anterior, por lo que el seguimiento y la información específica quedan en manos del Tribunal y de la Fiscalía del Estado.
“No tengo conocimiento de los criterios específicos con los que actuaron ni el Tribunal ni la Fiscalía, ya que cada una de estas instancias sigue sus propios procedimientos”, aclaró la funcionaria.
La falta de información sobre los motivos detrás de las decisiones judiciales, así como la suspensión del proceso por vía de amparo, evidencian las limitaciones institucionales para esclarecer responsabilidades administrativas, en especial cuando los hechos ocurrieron en una gestión pasada.
Mientras tanto, la reparación del daño económico al erario y la aplicación de sanciones sigue pendiente, lo que genera cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de combate a la corrupción en el ámbito municipal.
El caso se mantiene en seguimiento, pero su resolución dependerá de los tiempos judiciales y de la actuación del propio Tribunal y la Fiscalía, sin intervención directa del actual Órgano Interno de Control.
