El gobierno de Querétaro anunció una serie de acciones para cerrar el paso a deudores alimentarios, como parte de una estrategia enfocada en garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Durante la rueda de prensa encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, el senador Agustín Dorantes Lámbarri hizo un llamado directo a todos los que deben pensión alimentaria. “Les vamos a cerrar la puerta a los deudores alimentarios en Querétaro, porque a la niñez en Querétaro se le cumple”.
El legislador advirtió que, pese a que en la entidad se registran más de 20 mil juicios por pensión alimentaria al año, únicamente 208 personas están inscritas en el padrón de deudores.
“A pesar de que en 2023 se modificó la ley general para que este padrón tuviera dientes, es evidente que hoy es letra muerta”, señaló.
Dorantes Lámbarri destacó la firma de un convenio entre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Superior de Justicia, el sector empresarial y organizaciones civiles para fortalecer la aplicación de sanciones. “Hoy en Querétaro damos un paso con hechos para cerrarle la puerta a los deudores y abrirle las oportunidades a las niñas y a los niños”, afirmó.
Por su parte, la oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel, informó que a partir de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones quedará prohibida la contratación en el Poder Ejecutivo de personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
“Queda estrictamente prohibida la contratación de cualquier persona que se encuentre inscrita en el registro nacional de obligaciones alimentarias”, puntualizó.
Detalló que la medida aplicará tanto para plazas laborales como para contratación por honorarios, y adelantó que se trabajará en la armonización normativa para extender las restricciones a proveedores y contratistas.
“No dar de alta ni a proveedores ni a contratistas en el Poder Ejecutivo del Estado” será parte de las siguientes etapas, indicó.
Asimismo, se contempla negar la expedición o renovación de licencias de conducir a deudores alimentarios, además de limitar su acceso a programas sociales. “Todas las dependencias que operen programas sociales cuidarán que sus reglas de operación se alineen a este compromiso”, agregó.