David Iván Fabela Mendoza, excoordinador jurídico del municipio de Tolimán, acusa despido irregular, fraude procesal y obstrucción de funciones oficiales por parte de integrantes del gobierno municipal, señalando como responsable jerárquico al presidente municipal Alejo Sánchez de Santiago, por permitir estas prácticas y no actuar ante presuntas presiones externas.
Según relató en entrevista, el 18 de marzo participó en una rueda de prensa críticas contra el diputado federal Gilberto Herrera Ruiz, y posteriormente, el 28 de marzo, presentó una denuncia penal contra la alcaldesa de Cadereyta, Astrid Ortega Vázquez, por presunto uso indebido de recursos públicos para promover una marcha en horario laboral. “Después de eso, el presidente municipal Alejo Sánchez de Santiago me comentó que Astrid Ortega, Vicente Ortega, Gilberto Herrera y Ricardo Astudillo le pidieron que me despidiera. Sin embargo, él me aseguró que no recibía órdenes de nadie y que yo podía continuar en el cargo”, explicó.
Pese a ello, el 2 de abril fue notificado informalmente de su despido y al día siguiente, el 3 de abril, se le impidió realizar el proceso de entrega-recepción, a pesar de que la ley estatal obliga a cumplir con dicho procedimiento salvo en casos de fallecimiento o incapacidad.
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Ante esta situación, el exfuncionario emprendió una serie de acciones legales: el 8 de abril, presentó una demanda laboral por despido injustificado; el 9 de abril, promovió un juicio de amparo; y el 11 de abril, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por uso indebido de funciones y obstrucción de la entrega-recepción.
También acusó al municipio de intentar alterar documentos y fechas oficiales para aparentar que su salida ocurrió el 16 de abril, y no el 2, como sostiene. Incluso fue reingresado temporalmente en la nómina municipal después de su despido, lo que a su juicio constituye un posible fraude procesal.
“Quisieron manipular la narrativa. Me depositaron dinero días después de que ya no trabajaba ahí, para aparentar que no había sido despedido. Todo para evadir responsabilidades legales”, afirmó.
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Entre los puntos más graves que denunció, se encuentra el intento de responsabilizarlo por un vehículo oficial que nunca utilizó y que fue incendiado meses antes. Dijo tener pruebas de que el vehículo estaba descompuesto y condicionado a entregárselo durante su encargo como director jurídico al repararlo, lo cual no pasó.
El exfuncionario mantiene procesos abiertos ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para impugnar el documento oficial que señala su baja el 16 de abril.
Fabela sostuvo que las irregularidades no son casos aislados, sino parte de una red de intereses y vínculos familiares al interior del gobierno municipal, con supuestas triangulaciones de recursos y favoritismo.