El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango, lamentó el fallecimiento de 13 personas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, y señaló que esta tragedia no puede ni debe ser minimizada ni encubierta, pues se trata de vidas humanas perdidas como consecuencia de decisiones irresponsables tomadas desde la corrupción.

“No nos vamos a quedar callados. Estos no son errores técnicos ni accidentes inevitables; son las consecuencias de que negocios familiares millonarios se convirtieron en obras públicas, construidas desde la corrupción, la opacidad y el amiguismo. Hoy esas decisiones se están desplomando y están cobrando vidas”, señaló el presidente estatal del PAN, al subrayar que la responsabilidad política y administrativa no puede eludirse con discursos ni excusas.

El dirigente panista advirtió que este hecho es reflejo de cómo la improvisación, la corrupción y el favoritismo convirtieron las obras de la 4T en proyectos frágiles, mal planeados y sin controles reales de calidad; pues recordó que desde su construcción, el Tren Interoceánico estuvo rodeado de sospechas de corrupción por la participación de empresas vinculadas a la red de intereses cercana a Andrés Manuel López Beltrán y sus allegados.

Martín Arango cuestionó a quién intentará culpar ahora el totalitarismo por esta tragedia, “¿Volverán a recurrir a su personaje favorito y como siempre buscarán evadir responsabilidades?, ¿también van a decir que esto es culpa de Calderón? Andrés Manuel López Obrador estaba muy orgulloso de que su hijo Gonzalo fuera asesor honorífico de esta obra, ¿su sobrino hoy va a responder? El tren ya se descarriló, tal como se advirtió. La corrupción mata, y ayer esa corrupción mató a 13 personas”, sentenció el presidente estatal del PAN, al señalar que no puede haber impunidad frente a decisiones que hoy cobran vidas humanas.

Finalmente, señaló que hoy solo queda confiar en una justicia que la propia 4T ha moldeado a su conveniencia, y expresó su expectativa de que jueces y juezas actúen con independencia para que las familias de las víctimas obtengan la verdad, la reparación integral del daño y la indemnización que legalmente les corresponde, pues “cuando la corrupción gobierna los trenes se descarrilan y el Estado termina matando a su propia gente”, concluyó.

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