El Congreso de Querétaro no ha sido notificado sobre la impugnación de la Presidencia de la República a la Ley General de Aguas estatal, señaló Ana Paola López Birlain, titular del Poder Legislativo local, por lo que se desconoce el sentido en el que se presentó este supuesto recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para la diputada panista, sin embargo, el acceso al agua potable está utilizándose como arma electoral y, por un lado, consideró que su uso político es irresponsable y, por otro, consideró que los ciudadanos sabrán juzgar en caso de que se trate de un movimiento “meramente mediático”, con motivo del presente proceso electoral.

“En procesos electorales cada partido usa distintas estrategias, pero me parece irresponsable utilizar un recurso que es muy sensible para la población con tintes electorales. Si es meramente mediático, pues por sus hechos se juzgarán”, señaló López Birlain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso.

Por ahora, dado que no se conoce el documento, porque no se ha notificado a la legislatura, el área jurídica del Poder Legislativo local no sabe de qué firma responderá, pero López Birlain defendió que sí se ha llevado de forma correcta el proceso legislativo y que no existen elementos para señalar que la redacción es incorrecta, como lo acusó el activista Enrique Urribarren, quien también calificó a la norma como ambigua.

De lo contrario, señaló, los diputados estarán en disposición de modificar la norma que fue apoyada por diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolucionario Institucional (PRI) y Querétaro Independiente, sin embargo, acotó que para ello deben presentarse las impugnaciones respectivas para este caso.

“No, por supuesto que no [vemos que puedan declararla inconstitucional]. Hemos actuado de manera institucional y responsable de acuerdo con los plazos y procesos en que se rige nuestra legislatura. Si hay elementos para sospechar esto, que presente sus impugnaciones y estaremos dispuestos a acatar”, afirmó López Birlain.

Esta norma, cabe señalar, sólo fue rechazada por los diputados locales de Morena argumentando que se establecía una limitación de agua de 50 litros diarios por persona en caso de declararse emergencia por falta de agua; el oficialismo local, sin embargo, señala que se busca más bien garantizar que tras la declaratoria de emergencia se garantice un mínimo de 50 litros de agua potable.

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