El diputado Ulises Gómez de la Rosa denunció la falta de avances en la revisión de las cuentas públicas del estado de Querétaro y señaló la existencia de irregularidades en el ejercicio del gasto, con un énfasis particular en la situación financiera de los municipios de Colón y Tequisquiapan.
El legislador local advirtió que los informes presentados exponen recursos destinados a programas sociales carentes de padrón de beneficiarios, así como obras públicas que no cuentan con la justificación técnica necesaria. Según los datos analizados por el congresista, se detectaron pagos excesivos a proveedores, así como un uso recurrente de las adjudicaciones directas, además de prácticas para evadir procesos de licitación mediante el fraccionamiento de contratos y la ejecución de obras con sobreprecios.
Gómez de la Rosa cuestionó el desempeño de la Comisión de Vigilancia, presidida por la diputada Claudia Díaz Gayou, debido a que el órgano legislativo ha sesionado una sola vez en un periodo de cuatro meses, situación que ha impedido el análisis de los estados financieros municipales y estatales.
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El legislador morenista sostuvo que los informes actuales no cumplen con los principios de legalidad y confiabilidad establecidos por la normativa vigente, lo cual imposibilita su aprobación.
En sus declaraciones, precisó que si bien las inconsistencias más graves se localizan en Colón y Tequisquiapan, al menos en 10 demarcaciones más se presentan problemas relacionados con el manejo del erario.
Ante este panorama, el diputado solicitó el inicio de procedimientos legales ante la Fiscalía Anticorrupción y los órganos internos de control para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales. Asimismo, puso en duda la objetividad de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado y sugirió considerar la destitución del auditor general si no se garantiza la transparencia en la revisión de dichos recursos.
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Gómez de la Rosa rechazó la posibilidad de validar las cuentas públicas bajo las condiciones actuales y demandó una fiscalización que descarte cualquier manejo discrecional de los fondos públicos en la entidad.
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