El titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), Francisco Javier Covarrubias Enríquez, afirmó que la revisión de la cuenta pública 2024 se realizó con apego a la Constitución y al marco legal vigente y rechazó que el trabajo del órgano tenga como propósito encubrir irregularidades o favorecer a los entes auditados.
“La ESFE no le lava la cara a nadie. Los procesos de auditoría se desarrollan bajo criterios técnicos, objetivos y normativos, lo que permite garantizar imparcialidad en la revisión del ejercicio del gasto público”, afirmó el funcionario.
Añadió que los resultados forman parte de un análisis detallado que incluye la identificación de observaciones y áreas susceptibles de mejora en la administración de recursos.
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Covarrubias Enríquez explicó que si bien la ESFE cumple una función clave en la fiscalización superior a nivel estatal, no es la única instancia encargada de supervisar el uso de recursos públicos.
“Existen otros entes, como las contralorías internas de cada dependencia e incluso la Auditoría Superior de la Federación, que también pueden verificar las cuentas públicas de los sujetos obligados”, puntualizó.
En ese sentido, destacó que la fiscalización en México se sustenta en un sistema integral de control, en el que convergen instancias locales y federales, lo que permite una revisión más amplia y complementaria del manejo financiero de los entes públicos.
Esta coordinación entre las distintas instituciones, destacó, fortalece los mecanismos de rendición de cuentas y reduce márgenes de discrecionalidad.
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El titular del órgano técnico reiteró que los informes derivados de la revisión a la cuenta pública de 2024 —tanto individuales como el general— fueron entregados en tiempo y forma a la Legislatura local, en cumplimiento con la Ley de Fiscalización Superior del Estado, e incluyen hallazgos relevantes detectados en distintos entes públicos.
Señaló que corresponderá al Poder Legislativo analizar dichos informes, dar seguimiento a las observaciones emitidas y, en su caso, determinar las acciones procedentes conforme a derecho, en un proceso que busca garantizar transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos.