La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Claudia Díaz Gayou, presentó una iniciativa de reforma al artículo 2 de la Constitución de Querétaro para establecer la obligación del estado y los municipios de proteger la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Durante una rueda de prensa, sostuvo que las agresiones contra estos sectores representan una afectación a la democracia y al derecho de la sociedad a estar informada.
“Cuando se ataca a un periodista, cuando se intimida a un reportero, cuando se amenaza a una persona defensora de derechos humanos, no sólo se agrede a una persona, se lastima a la democracia, se vulnera el derecho de la sociedad a estar informada, se debilita la participación ciudadana y se intenta silenciar a quienes alzan la voz frente al poder”, afirmó.
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La legisladora explicó que la propuesta busca incorporar a la Constitución local la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, en concordancia con tratados internacionales y con la legislación federal vigente.
Señaló que organismos internacionales han advertido sobre los riesgos que enfrentan ambos sectores en México, por lo que consideró necesario fortalecer las garantías desde el ámbito estatal.
Díaz Gayou indicó que la reforma constitucional será la base para desarrollar una ley secundaria que establezca mecanismos de protección, medidas preventivas, procedimientos de atención, coordinación entre autoridades y posibles sanciones. “Lo que necesitamos es empezar a hacer esta discusión para mejorar esta reforma. Si bien esta es una reforma constitucional, necesitamos crear la ley que vaya a regir todo lo que dice la Constitución. Necesitamos una ley secundaria de este tema”, expresó.
La diputada anunció que durante junio se realizará un Parlamento Abierto para recoger propuestas de periodistas, medios de comunicación, organizaciones civiles y especialistas, con el objetivo de construir el marco legal correspondiente.
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Entre los temas que deberán analizarse se encuentran la definición de los sujetos protegidos, las formas de solicitar protección, la evaluación de riesgos, las medidas de prevención y la eventual creación de un mecanismo local especializado.