Con el objetivo de contrarrestar el clima de inseguridad y violencia, el senador queretano Juan José Jiménez presentó un paquete de iniciativas para que el Estado mexicano garantice la reparación del daño e indemnización a las víctimas del delito en nuestro país.

Comentó que, si bien la administración federal se encuentra realizando su trabajo en el combate al delito, es importante incorporar la solidaridad o corresponsabilidad del Estado mexicano no sólo en la debida atención, acompañamiento y asesoría de las víctimas, sino en la reparación integral del daño sufrido y su indemnización.

Dichas reformas proponen modificar el artículo 21 Constitucional; el 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; y diversos artículos de la Ley General de Víctimas, para que se establezca como una obligación del Estado la reparación del daño a las víctimas de los delitos cometidos en el territorio nacional, con lineamientos y financiamiento garantizados.

Juan José Jiménez señaló que, si bien existe un fondo establecido por la ley para ello, éste no era aplicable para todas las víctimas del delito y en donde además no queda claro la reparación del daño cuando el delincuente evade la acción de la justicia, es insolvente o simplemente no se determina un responsable.

Dijo que se necesita incentivar además a las Entidades Federativas para que mejoren de una buena vez la seguridad de sus ciudadanos, especialmente en la atención de los ilícitos que les corresponde atacar, que son los del fuero común, actualmente lo hacen con 25% mientras el resto de los recursos los pone la federación; “necesitamos que participen con el mismo monto ambos órdenes de gobierno”, dijo.

Jiménez externó que con ello se dejará de tener autoridades que se laven las manos ante la inseguridad en sus estados, pues cada delito que se cometa en su entidad, debidamente denunciado, tendrá que repararse obligatoriamente a costa de sus partidas presupuestales.

Abundó que, con estas reformas, también se incentivará la cultura de la denuncia y el combate a la impunidad, pues se considera que solamente alrededor del 10% de la ciudadanía que es víctima de un delito lo denuncia ante las autoridades.

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