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Ante lo que llamaron “omisión legislativa” en Querétaro, colectivos de la comunidad trans han promovido 15 amparos para poder realizar modificaciones en su documentación oficial y obtener el reconocimiento legal de su identidad.
El rezago, señalaron, se debe a que el Congreso local no ha armonizado el Código Civil con la normativa federal, lo que impide que las personas puedan cambiar el género en sus actas de nacimiento y, en consecuencia, en documentos como la CURP o la credencial de elector. Esta reforma, afirmaron, permitiría tanto el reconocimiento de la transición de género como la inscripción de un tercer género: no binarie.
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María José González de la Luz, activista de la Casa de Transición y del Frente Queretano por la No Discriminación, explicó que en ausencia de esta legislación, el trámite sólo es posible mediante juicio de amparo. Cada proceso representa un costo aproximado de 50 mil pesos, además de gastos de representación legal, y suele prolongarse por varios meses. Una vez resuelto, es un juez quien ordena al Registro Civil de Querétaro aplicar los criterios federales y autorizar el cambio de identidad.
“Nos han orillado a llegar a la situación tan lamentable de pagar estos juicios, y hay que señalar que nuestra población transexual es muy precarizada. No todas pueden pagar o casi ninguna puede pagar estos abogados. Imagínense lo que esto significa”, declaró González de la Luz.
Destacó que la mayoría de las solicitudes provienen de juventudes trans que enfrentan discriminación institucional en escuelas y universidades. “Los amparos son porque la gran mayoría no pretende seguir soportando toda la violencia institucional para hacer su cambio de identidad en las diferentes administraciones de sus universidades”, añadió.
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A nivel nacional, de junio a la fecha se han documentado más de 60 crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual, una cifra alarmante que, de acuerdo con especialistas, tiende a reducirse cuando las instituciones reconocen de manera pública la identidad de las personas trans.
Los colectivos recordaron que Querétaro es uno de los ocho estados del país que mantienen pendiente la aprobación de la ley de identidad de género. Consideraron que este retraso constituye una forma de discriminación sistemática, pues mientras en otras entidades las reformas ya son una realidad, en la entidad se sigue obligando a recurrir a la justicia federal para acceder a un derecho básico.
“La deuda histórica con nuestra comunidad no puede seguir aumentando. El reconocimiento de la identidad es un derecho humano y no vamos a dejar de exigirlo”, concluyó.
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