El diputado blaquiazul, Enrique Correa Sada, presentó una iniciativa para despenalizar el delito de grafiti, con el fin de que se prevenga e inculque a los jóvenes valores y no sólo se les impongan castigos.
Explicó que su iniciativa propone que los jóvenes que son detenidos por grafitear o hacer pintas paguen su sanción con la prestación del servicio social o pinten bardas u otros inmuebles, pero que no sea con una sanción económica.
“La idea es despenalizar el delito de grafiti porque yo estoy convencido que criminalizar a los jóvenes no es la solución a los problemas”, dijo.
Correa Sada informó que desde 2007 se tipificó ésta acción como delito. Sin embargo, a la fecha no ha disminuido el grafiti, por lo que es necesario hacer una ley operativa en donde se oriente a los jóvenes y quienes continúen haciendo pintas paguen su pena con trabajo social y reparación del daño.
Explicó que la reforma que tipificó al grafito como delito se hizo entre 2007 y 2008 y que en el Ministerio Público prefieren no iniciar las averiguaciones previas debido a que el dueño de un predio tiene que ir a levantar su denuncia y “prefiere comprar su cubeta de pintura y en dos horas vuelve a pintar su barda”. “Necesitamos más bien hacer una ley muy operativa, orientar a los jóvenes y que la sanción sea perseguida por oficio en la guardia municipal, que es la autoridad más cercana a la población y que se conmute la pena por trabajo social y reparación del daño”, explicó.
El panista señaló que la sanción económica y hasta la cárcel no solucionan el problema por lo que hay que atacar la situación de fondo. “Hay una sanción económica y en caso de que fuera un edificio histórico hay pena de prisión, esto no soluciona el problema”.
Indicó que a ellos (a los diputados) no les corresponde la creación de programas, pero es importante que en conjunto con las autoridades estatales y municipales, se creen actividades para los jóvenes que se dedican al grafiti ya que con esa forma de expresión tratan de comunicar algo.
“Como legislativo no nos toca la realización de los programas. Hacemos el marco normativo y solicitamos al Ejecutivo estatal y a los municipales que realicen un programa de política pública para la atención y canalización de los jóvenes”.
En Querétaro, el grafiti se persigue de oficio, sin que medie una denuncia. Las penas van de los 6 meses a los 5 años de cárcel.
En julio de 2008, el entonces secretario de Gobierno, Alfredo Botello, manifestó que las personas con buen comportamiento, no debían preocuparse por este delito.