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En la sesión del pleno de la 57 Legislatura se aprobó la iniciativa de Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar en el estado, misma que buscará fomentar la sana convivencia escolar.
Eunice Arias Arias, quien impulsa esta iniciativa, afirmó que esta es una propuesta que marca la obligación del estado para atender el tema.
“El derecho de educación libre de toda discriminación es un derecho universal, consagrado en el Artículo 4 de la Constitución Política, el cual debe ser garantizado por el estado sin distinción”, afirmó.
La legisladora precisó que el acoso escolar se refiere a cualquier maltrato verbal, físico o sicológico, en las escuelas, lo cual representa una amenaza para estudiantes.
Dicha iniciativa, que nació con la acumulación de otras presentadas por el diputado Marco Antonio León Hernández, está compuesta por ocho capítulos. Incluye la creación de un Consejo Estatal para la Prevención del Acoso Escolar que impulsara políticas públicas. El mismo será integrado por el Poder Ejecutivo del estado, la Secretaría de Educación, así como cinco consejeros (representantes de la Secretaría de Salud, Seguridad Pública, de la Procuraduría, representante del DIF y la Defensoría de los Derechos Humanos).
De igual forma, se aprobó la iniciativa de Ley del Servicio Profesional Legislativo para evitar que existan despidos de los empleados del Poder Legislativo en cada administración.
Esta iniciativa beneficiará a 224 trabajadores de la Legislatura local. Cada tres años se despide al 30% de los trabajadores de la Legislatura local.
También se avaló el decreto por el cual se da la creación de la Medalla de Honor Ricardo Pozas Arciniega del Poder Legislativo, con la cual se reconoce el impulso y respeto a la cultura indígena.
También se agregó al orden del día la propuesta de reforma de la declaración para que la implementación de procedimientos penales y el sistema penal acusatorio en la zona metropolitana sea hasta el mes de septiembre de 2015 y no el 1 de abril, como se había acordado.
En este punto, los diputados del PAN estuvieron en contra, en primera instancia la presidenta de la Comisión de Procuración de Justicia, Leonor Mejía, quien lamentó que el dictamen se haya pasado a su voto en la Comisión de Planeación y Presupuesto.
Dijo que hubo un “mañoso” cambio de palabras respecto a la consideración de cambiar el plazo en la implementación del sistema procesal en municipios con mayores retos.
Cano señaló que con este aplazamiento el estado violenta al derecho de la aplicación de la justicia.
Insistieron en que la seguridad de la entidad se ha deteriorado, por lo que requiere una urgente atención. Señalaron que sólo 35% de la población ha sido beneficiada con el sistema de juicios orales, puesto que faltan los municipios con mayor población.
Correa cuestionó que los recursos que han sido utilizados se hayan aplicado en programas político-electorales con entrega de “tinacos, láminas y pintura”, en vísperas del proceso electoral, y no para el tema de justicia.
En contraste, los diputados del PRI subrayaron que el conflicto viene de una falta de recursos para estas fases, faltan 367 millones de pesos para la construcción de tres sedes.
