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El presidente del PAN, el queretano Ricardo Anaya, pidió ayer que se retire del cargo y se ponga a disposición de la justicia a aquellos funcionarios involucrados en el supuesto espionaje efectuado por el gobierno a periodistas, activistas y a su propia agrupación.
“En el PAN ya estamos explorando a qué instancias internacionales recurriremos para denunciar este asunto”, defendió Anaya en un comunicado.
Exigió al gobierno “emprender acciones contundentes para frenar este grave delito, del que han sido blanco activistas, periodistas y políticos”.
Además demandó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Imaz, y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, comparezcan ante el Congreso de la Unión.
Estas personas, dijo, deben explicar “qué agencias del gobierno mexicano han adquirido, directa o indirectamente, licencias para utilizar ‘malware’ de vigilancia como ‘Pegasus’”.
“No vamos a descansar hasta que se llegue a las últimas consecuencias en este tema tan delicado”, remarcó el presidente de la agrupación política.
El pasado 19 de junio, el diario estadounidense The New York Times informó que activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, entre ellos la comunicadora Carmen Aristegui, fueron espiados a través de sus teléfonos móviles mediante el programa informático “Pegasus”, el cual se vende exclusivamente a gobiernos de los países.
Los afectados recibían mensajes que servían de gancho para que el programa se instalara en los dispositivos.
Días después, el PAN denunció que había detectado mensajes “con los mismos patrones” en teléfonos móviles de varios de sus integrantes.
En esa ocasión, Anaya comentó que entre las personas que recibieron estos mensajes se encontraban él mismo y el secretario de Comunicación del partido, Fernando Rodríguez Doval.
El pasado jueves, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, negó “categóricamente” las acusaciones de espionaje contra el Ejecutivo y dijo que este condena “cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona”.
Destacó que solicitó a la Fiscalía investigar los señalamientos hechos en ese sentido, afirmación que muchos medios de comunicación locales tomaron como una amenaza, aunque horas más tarde, Peña Nieto se retractó y aseguró que se había explicado “inadecuadamente”.
