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El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Alejandro Cano Alcalá, explicó que si las trabajadoras sexuales desean poseer seguro social deberán realizar sus aportaciones, o bien, acceder al seguro popular.
Esto luego de que minimizó la solicitud de una organización que integra a trabajadoras sexuales respecto a la necesidad de que cuenten con derechos laborales, como la mayoría de los empleados.
El legislador panista comentó que al no tener un patrón, las personas que se dedican a este oficio no pueden exigir tener los derechos laborales como los que empleados de una empresa pudieran tener, ya que no cuentan con un contrato.
Hace algunos días la orgnización “Retrasex” entregó una solicitud a la Presidencia de la República para que se legisle a fin de que sexoservidoras tengan los mismos beneficios que los trabajadores contratados.
Ante esta propuesta, el legislador del PAN explicó que estas prestaciones se adquieren en un empleo formal, por lo que se tendría que analizar el caso de estas personas para ver de quién son empleadas y que sea a su jefe a quien le exijan los derechos.
“Sabemos que la gente que trabaja por su propia cuenta, se hace responsable en cuanto a sus prestaciones como trabajadores, una persona que trabaja por honorarios puede ir al Seguro Social y pedir afiliarse de manera voluntaria”.
Cano Alcalá detalló que la Ley del Trabajo no reconoce a las personas que se dedican a este oficio, además de que este tema no será tocado a nivel local en su comisión, explicó.
“De sus prestaciones laborales se hace cargo el propio profesionista como tal, pero quien trabaja para un patrón éste tiene que darle las prestaciones que marca la ley, si las sexoservidoras tienen algún patrón pues es quien tendría que hacerse cargo de sus prestaciones laborales”, señaló.
El panista dijo que viendo el tema desde una perspectiva humanista habría que tratar de salvaguardar la integridad de todas las personas, en este caso a las sexoservidoras y sus familias, sin embargo, el estado no les niega la afiliación al Seguro Popular o el derecho a la educación.
En cuanto a abusos de autoridad, Mónica Mendoza, presidenta de la Asociación Mujer Libertad, dio a conocer que en lo que va de esta administración no se han dado los abusos por parte de servidores públicos contra las trabajadoras sexuales y aseguró que tienen confianza en que esta situación continúe.
Confirmó que en la pasada administración se presentaron alrededor de 40 denuncias a servidores públicos por abusos en el último año, ante la CEDH. Quejas que no procedieron. “De hecho se vino el cambio de la comisión de derechos humanos y creo que por ahí se perdieron algunos expedientes casualmente”, expresó.
