Unificar operativos de inspección en establecimientos que comercien alcohol, la calendarización de los informes de gobierno, así como la relación entre las organizaciones sociales y las administraciones municipales fueron algunas de las temáticas abordas en la reunión que sostuvieron los 18 alcaldes y el secretario de gobierno del estado de Querétaro, Jorge López Portillo Tostado.
Durante la reunión, los alcaldes fueron informados del proceso de aplicación de los recursos federales y de sus reglas de operación y de acuerdo con el secretario, hubo cambios en programas de índole federal.
“Trataremos el tema de los recursos federales que llegan a los ayuntamientos, aclararlos, mostrarlos e indagar en las reglas de operación, en virtud de que en gobierno federal se han modificado algunas reglas de operación. Hablamos de los tiempos y de las normas de algunos de los programas presupuestales que llegan a los ayuntamientos, al respecto los estamos actualizando”, señaló.
Entre los puntos a tratar destaca la firma de convenio con los presidentes municipales del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ).
Sobre los trabajos de inspección que la Secretaría de Gobierno mantendrá en conjunto con las áreas municipales, el funcionario estatal aseveró que la recurrencia de establecimientos que comercian clandestinamente bebidas embriagantes, es una problemática que se suscita principalmente en Pedro Escobedo, El Marqués, Corregidora, Amealco, Tequisquiapan y Tolimán. Aunque reconoció que es una situación aqueja a toda la entidad.
“En ese sentido los más problemáticos son Pedro Escobedo, El Marqués, también tenemos problemas en Corregidora, Amealco; prácticamente en todos pero éstos son los particularmente delicados. Tequisquiapan”, aseguró.
Por lo anterior, durante la reunión se determinó el actuar conjunto entre la Secretaria de Gobierno y las alcaldías, a fin de mantener acciones rigurosas de vigilancia e inspección: “estamos actuando con rigor para el cierre, clausura y requisa de esos productos”.
Informó que en lo que va del año en la entidad se han clausurado 85 comercios de este tipo. Aunque proyecta la clausura de hasta 200 negocios.
López Portillo argumentó que dichas inspecciones corresponden a mantener orden y no a una situación de agravamiento: “no es porque sea más preocupante, queremos poner más orden”.
Afirmó que son los ediles quienes tienen identificados los lugares donde se lleva a cabo esta situación. “Los presidentes municipales conocen con precisión este tema, ellos tienen la información de primera mano de aquellos sitios clandestinos en las comunidades”. Sitios que, según el secretario de gobierno, afectan la vida de los habitantes de las localidades en que se instalan estos comercios.