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La Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del estado de Querétaro no obliga al gobierno a hacer estudios de mercado ni de factibilidad para la adquisición de bienes y servicios, de tal suerte que no se pueden conocer las características de las posesiones o pertenencias que se ofertan, ni su precio, así lo indica un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) y Transparencia Mexicana.
“Conocer cuántos bienes y de qué calidad se requieren para lograr una meta, sin estudios de mercado serios, se convierte en un albur”, describe el estudio Distorsiones y brechas. Compras públicas en los estados, en el que se revisaron las condiciones establecidas en la ley y reglamentos para la adquisición de bienes y servicios en los estados de la República.
La legislación prevé que la viabilidad del cumplimiento de metas y objetivos debe ser un criterio para evaluar propuestas, pero carece de estudios que le permitan saber cuál es el mercado que tiene para resolver sus necesidades, detectó el análisis.
De acuerdo con la revisión, los estudios de mercado deben ser obligatorios para las adjudicaciones directas porque "esta norma abona a lograr eficiencia en los procesos, pues no tiene sentido incurrir en los costos de una licitación cuando no hay suficientes oferentes en el mercado".
También señala que las oficialías mayores en Querétaro no están obligadas a difundir documentos relevantes o sus modificaciones en un sistema electrónico de compras, a través de internet.
Querétaro cumple siete de 19 variables observadas en cuanto a integridad y máxima publicidad; nueve de 16 para maximizar el valor del dinero; y cinco de 20 para promover la competencia.
La situación de Querétaro, sin embargo, presenta menos anomalías que en el resto del país, según el estudio, pues la mayoría de gobiernos estatales realizan "compras por comprar" y con lineamientos que permiten colusión entre proveedores, gastos sin fundamento y discrecionalidad en la asignación de contratos, principalmente en adjudicaciones directas o restringidas.
Tan sólo en 2009, todos los estados gastaron 60 mil millones de pesos con esta normatividad.
Describe que menos de la mitad de las entidades (47%) designa en su ley un monto máximo para realizar adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, "lo cual otorga una enorme discrecionalidad a quienes adjudican los contratos".
En relación a la viabilidad de los proyectos, 60% de los estados no considera en sus legislaciones indicadores para medir la posibilidad del cumplimiento de metas y objetivos del plan, aspecto que, por ejemplo, sí cumple Querétaro.
"En otras palabras, se compra por comprar, sin un entendimiento concreto de la capacidad de los proveedores contratados para ofrecer servicios y bienes adquiridos a cabalidad", dice el estudio.
El documento dicta que 20% de las leyes incluye sanción para la comunicación entre oferentes durante un proceso de licitación y apenas un tercio regula la comunicación entre consultores y proveedores. Todo ello “eleva incentivos para que los participantes lleguen a acuerdos colusivos durante un proceso de licitación”.
Incluso, el 83% de las autoridades estatales no consideran en sus leyes la obligación de revisar si los precios presentados en las propuestas se derivaron de procesos de libre competencia y sólo 5 estados lo consideran un paso importante para prevenir colusión y sus efectos en las compras gubernamentales.
