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Alrededor de 100 carpetas de investigación por quejas o denuncias en contra de funcionarios públicos del gobierno municipal de Querétaro podrían ser heredados a la administración entrante, indicó Óscar Rangel González, titular de la Auditoría Municipal de Fiscalización.
“Todos son en contra de servidores públicos, hay 300 expedientes y pudieran ser heredados 100 a la administración entrante; de esos 300 tenemos un avance importante sobre resolución, si se irán en forma de presunta responsabilidad o si se archivarán por falta de elementos”, dijo.
De los 300 expedientes 44 ya han sido culminados y hay pendientes 260, dijo. Del total, 40% son denuncias en contra de funcionarios de la actual administración, y el resto son archivos que el anterior gobierno les heredó.
Puntualizó que para abrir un expediente en contra de algún funcionario es necesario que haya una queja o denuncia de forma previa, y con asuntos derivados de observaciones hechas por la propia Auditoria municipal de Fiscalización, la Entidad Superior de Fiscalización del estado, por la Cuenta Pública, o por la Auditoria Superior de la Federación, y la secretaría de la Función Pública, cuando se trata de recursos federales.
Rangel González reiteró que el órgano que encabeza sólo expide el documento denominado informe de presunta responsabilidad, y el Tribunal de Responsabilidades Administrativas municipal es el encargado de determinar si el funcionario es culpable o no.
“Nosotros hacemos notar sólo los indicios y lo enviamos al Tribunal, el Tribunal es el que sustancía el proceso y resuelve si absuelve o sanciona al servidor público (…) El 19 de julio entró en vigencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas del estado de Querétaro, a partir de ese momento toma un nuevo curso y el proceso se divide en investigación y en resolución que le corresponde al Tribunal municipal de Responsabilidades, antes la Ley no era así, toda lo llevaba el Tribunal”, finalizó.
El auditor agregó que cuenta con varios asuntos que le fueron referidos por auditorias basadas en la ley anterior, mismos que de no haber resultado responsable el funcionario de enriquecimiento ilícito o de causar daño al erario público, son archivados, ya que no puede ser juzgada una persona dos veces por el mismo delito.
Las conductas cometidas de julio 19 a la fecha tiene vigencia de tres años y en esas continuará la investigación, señaló.
