Morena propone para que se baje a la mitad el financiamiento de los partidos, pero no lo hace por decisión propia, ni producto de una profunda reflexión.

Lo hacen seguramente para desviar la atención de los problemas en los que están metidos por mentir a la autoridad y a los ciudadanos, a través de este fideicomiso fraudulento del que tanto se ha hablado y tuvo que ver con el sismo en la Ciudad de México.

Estamos de acuerdo que se revise el financiamiento, pero que sea producto de una reflexión y no de una imposición de alguien que vivió más de 20 años del dinero público que se da a los partidos (AMLO).

En el PAN decimos que sí se discuta y se revise el financiamiento de manera libre, abierta y sin tabús, porque nosotros sí entendimos el mensaje de las urnas y estamos actuando en consecuencia. No estamos especulando con las necesidades y el dolor de la ciudadanía, como sí lo están haciendo, y ya lo hicieron los que en este momento están proponiendo esta reforma, esta reducción de 50% a los partidos políticos.

Lo que a nosotros nos preocupa, porque no lo han dicho, es que el dinero que se va a recortar para dónde se va a ir, en qué se va a emplear, porque finalmente es un presupuesto que existe.

Cuando decimos que se discuta, que sea producto de una gran reflexión, es que para que a través de una buena reforma de ley se tome una decisión y se incluyan todos los detalles a seguir.

Si se reducen los recursos se estaría corriendo el riesgo de que los partidos se financien a través de medios que se encuentren prohibidos por la ley. Sabemos que en las designación de candidaturas pudiera influir el crimen organizado y que esas campañas podrían estar financiadas por recursos fuera del marco de la ley.

Por otra parte, somos el único partido que por muchos años vivió del financiamiento a través de las cuotas de los militantes. Por poner un antecedente, en octubre de 2015, el senador Francisco Burquez, del PAN, presentó dos iniciativas, una que reformaba el artículo 41 de la Constitución, y otra el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. En ambas se proponía reducir 50% el financiamiento de los partidos.

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