Antonio Zapata Guerrero, presidente de la Comisión de Movilidad en la 58 Legislatura de Querétaro, afirmó en entrevista que se contempla incrementar hasta 40 años de cárcel para el robo a transporte público, efectuado tanto en unidades de autobús, como en taxis o transporte privado.

De acuerdo con el legislador panista, dicha pena se contempla en una iniciativa que presentó semanas anteriores y que reforma el Código Penal del estado para mejorar la seguridad para los transportistas y usuarios.

Sin embargo, el dictamen consultado por EL UNIVERSAL Querétaro señala que la pena máxima contemplada es de 20 años de prisión si el robo se realiza cuando las víctimas estén al interior de un camión.

Según el dictamen, se adiciona el artículo 183 para sancionar con pena de cuatro a 20 años de prisión y de 180 a 750 Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 13 mil 588 pesos hasta 56 mil 617 pesos.

Según el Código Penal vigente en el estado, el artículo 183 establece que se pueden aumentar hasta la mitad las penas contempladas en el 182, en caso de que se consume el acto por medio de la violencia o al estar la víctima al interior de un transporte público o un vehículo particular.

Las sanciones establecidas en el artículo 182, cuya modificación no se contempla en la iniciativa, van de tres meses a 10 años de cárcel y una multa de 30 a 90 días cuando el valor de lo robado no exceda 200 veces el salario mínimo, o bien, hasta 500 días de multa, cuando el valor de lo hurtado exceda 600 veces el salario mínimo.

Zapata Guerrero sostuvo que la propuesta de 40 años de cárcel por robo a transporte público se está analizando.

“Tenemos una limitación en el número de años de prisión, nos vamos a orientar, en lo que platicábamos hoy en la mañana, para convertirlo en un delito grave en caso de endurecer las penas porque no deja de estar limitado por el tema federal”, respondió tras asegurar que regresaría nos contactaría para dar más detalles al respecto. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se volvió a establecer comunicación con él.

En su momento, Zapata Guerrero dijo, que dicha iniciativa buscaba incrementar las penas hasta 30 años de prisión y se buscaría eliminar el beneficio de libertad bajo fianza; no obstante, esto no corresponde con el dictamen ingresado con fecha 20 de abril en Oficialía de Partes de la Legislatura.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante este trimestre en el 2017, se registraron seis denuncias por robo a transportistas con violencia y ninguno sin el uso de la misma.

En el mismo periodo de 2016, el SESNSP detalló que se suscitaron 49 denuncias por el robo a transporte con violencia, mientras que sólo un ilícito se reportó sin uso de la misma.

Asimismo, durante 2016, se levantaron 120 denuncias por el robo a transporte con uso de violencia y sólo cinco se consumaron sin violencia, de acuerdo con el mismo organismo.

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