Al darse a conocer el presupuesto que propuso el poder Ejecutivo para la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH), que posteriormente fue aprobado por el poder Legislativo, se deja de lado la posibilidad de construir un edificio propio para que se deje de hacer el pago por concepto de renta que actualmente se hace por el edificio ubicado en el Centro Histórico.
En la aprobación del paquete fiscal de 2016, se garantizaron 29 millones de pesos para este organismo descentralizado, a pesar de que el presidente del mismo, Miguel Nava Alvarado, había realizado la solicitud del doble, en comparación con el ejercido de este año, el cual no fue autorizado por el Ejecutivo.
El motivo principal por el que se solicitó al Legislativo un presupuesto de 60 millones de pesos fue para realizar la compra de un inmueble, pues de acuerdo con el ombudsman queretano la ley del estado señala que se debe contar con un patrimonio propio, sin embargo, actualmente se tiene que realizar el pago de renta de cerca de 70 mil pesos mensuales, los cuales, dijo, pueden ser utilizados para apoyos sociales.
“Se podrían estar utilizando para otro tipo de circunstancias, como acercarnos a comunidades, uno de los municipios más marginados es el de Pinal de Amoles, en la Sierra queretana, con más de 200 comunidades, jamás vamos a llegar y nosotros pagando 70 mil pesos mensuales de renta, ya son más de 25 años de creación y requerimos un inmueble propio”.
En este sentido, el presidente de la Defensoría aseguró que antes de que fuera construido el edificio sede del Congreso local, la Legislatura anterior le había presentado el terreno a Miguel Nava como el lugar donde se habría de construir la oficina de la DDH, sin embargo, posteriormente se incumplió con tal anuncio, y a la fecha no se ha presentado ningún nuevo terreno.
“La DDH debe contar con un patrimonio propio, así lo mandata la constitución, y no tenemos inmueble”, apuntó Nava.
