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Ante los medios de comunicación presentaron la iniciativa de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, que pretende fortalecer el marco jurídico para transparentar el actuar de las autoridades gubernamentales, lo cual, de acuerdo al secretario de Gobierno, Juan Martín Granados, es uno de los compromisos que asumió el gobernador Francisco Domínguez Servién.
Granados Torres explicó que la reforma propuesta a dicha ley, que se aplica desde 1992, tiene cinco modificaciones fundamentales, entre las que destaca la mejora de los procedimientos, ya que establece reglas que hacen el proceso más claro, rápido y eficaz.
“Desde la reducción de plazos hasta mejor notificación y evidentemente la seguridad de que los derechos de los servidores públicos están garantizados para que se defiendan”, puntualizó.
Abraham Elizalde, director Jurídico de la Contraloría Estatal, dijo que, derivado de un análisis a la Ley de Servidores Públicos, se detectó desorden en la etapas cronológicas de los distintos procedimientos, de tal manera que se corrigió tanto la redacción como la sintaxis, para evitar lagunas legales que faciliten la evasión de responsabilidades por parte de los servidores públicos imputados en algún procedimiento.
Otra de las modificaciones tiene relación con la obligatoriedad en la rendición de cuentas, la declaración de intereses se realizaría de forma anual, mientras que la declaración patrimonial podrá ser verificada.
“El servidor público va a saber de antemano qué tiene que rendir, pero también va a saber que esa rendición de cuentas patrimoniales, personales, será obligadamente verificable”, sentenció Juan Martín Granados.
Abraham Elizalde, señaló que se le dio “un orden a las obligaciones de los servidores públicos. Estamos determinando perfecta y claramente competencia de autoridades y los tipos de sanciones. Nos metemos también a darle orden, claridad y contexto a lo que se conoce como juicio político y declaración de procedencia y también relativa a la manifestación de bienes que deben hacer, ya sea con un carácter inicial, anual o final”.
En tercer lugar se aseguró que esta iniciativa contempla el fortalecimiento de la denuncia ciudadana, la cual carecía de certeza y de seguimiento por parte de las autoridades.
“Sí se facilita mediante el mecanismo de buzones y de una serie de elementos que el ciudadano tendrá a la mano para denunciar a los servidores públicos, pero también habrá mayor certeza para que las acusaciones sean en los términos constitucionales procedentes y se pueda sancionar con toda claridad a los servidores públicos”, declaró el secretario de Gobierno.
El cuarto elemento de las reformas tiene relación con el Código de Ética, si algún funcionario violara alguno de estos principios habría consecuencias.
Finalmente, el quinto punto establece el incremento en las sanciones, que pasan de 500 salarios mínimos a 5 mil sueldos netos reales. “Las sanciones serán más severas, los procedimientos más ágiles y habrá mayor claridad”, sentenció Juan Martín.
