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Interponen denuncia por camioneta

Política 10/12/2015 00:57 Actualizada 08:24

La mañana de ayer regidores del Partido Acción Nacional (PAN) del municipio de Querétaro presentaron una denuncia penal en contra de los ex funcionarios que estuvieron involucrados en la compra de la camioneta blindada Suburban 2015.

Claudio Sinecio Flores, coordinador de los regidores de Acción Nacional, explicó que la denuncia fue interpuesta ante la Coordinación de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, debido a posibles actos constitutivos de una violación.

“La denuncia es por ejercicio indebido del servicio público, más lo que resulte en contra de los ex servidores públicos de la pasada administración; el Ministerio Público se ha comprometido a iniciar las investigaciones correspondientes de manera inmediata”, afirmó.

Las denuncias son específicamente en contra del ex secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, José Héctor Benítez López; el ex secretario de Administración, Jaime Díaz Becerril; el ex secretario de Finanzas, Julián Lámbarri Malo, y de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Edith Luque, Guillermo Vega y Columba Jiménez.

“Nosotros estaremos al pendiente y coadyuvando con el Ministerio Público a través de nuestros síndicos municipales, para tener los resultados esperados en cuanto se tenga la probable responsabilidad de los sujetos”, señaló.

En entrevista, Sinecio Flores comentó que los ex funcionarios de la administración pasada hicieron un uso indebido de sus funciones, como negociaciones ilícitas, y esperarán que la procuraduría identifique otros posibles delitos.

A su decir, esto no se trata de una cacería de brujas, sino de no hacer caso omiso ante las irregularidades que fueron detectadas, y lo que llamo “actos de corrupción” que hayan sido cometidos por los colaboradores de la pasada administración.

El proceso de auditoría al expediente de adquisición de la camioneta blindada arrojó ocho irregularidades, entre las que destacan el desfase en el proceso de compra, el sobreprecio del producto y el no tener garantías para el municipio.

La camioneta fue adquirida algunos días antes del cambio de administración (que fue el 1 de octubre) y se entregó días después al gobierno; el vehículo fue puesto a la venta mediante la figura de subasta pública nacional, con un precio de salida de 2 millones 950 mil pesos, que fueron los recursos que gastó el municipio en su compra.

De acuerdo con los precios que se muestran actualmente en el mercado, una camioneta de este tipo tiene un valor de un millón 700 mil pesos, aproximadamente, ya que cuenta con un nivel de blindaje cinco; el dinero que se obtenga de la venta de este vehículo será utilizado para la adquisición de patrullas eléctricas que se destinarán a la vigilancia del Centro Histórico.