Recuperarían dinero de gestiones pasadas

El regidor capitalino José Luis Aguilera Rico señaló que será mejor recuperar el dinero que perdieron las administraciones pasadas por presuntos desvíos de recursos, que pretenden limitar a los municipios la contratación de deudas y quitarles atribuciones que están contempladas en el artículo 115 constitucional.

“La verdad es que esta iniciativa de amarrarles las manos a los presidentes lo que se provoca es que (por medio) del Código Penal podemos darles la bienvenida en el Cereso de San José el Alto a ex presidentes municipales que les tengamos su suite reservada ante tanto quebranto financiero y esperemos que hoy por ampararse no vayan a dejar de tener responsabilidad”, aseguró.

El ex legislador federal resaltó que la capital es una muestra de que los municipios pueden contar con una solvencia económica y buenos manejos de recursos públicos ya que aseguró en este momento las finanzas municipales son muy buenas y no hay necesidad de generar una deuda ni para la realización de obra social.

“Ya no tenemos nada que modificarle al artículo 115 y mucho menos podemos decirle al municipio no pidas prestado; lo que sí tenemos que hacer es que el estado y el Congreso tienen que amarrarles las manos a los presidentes municipales”, dijo.

El artículo 115, en el apartado segundo destaca que los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Gerardo Sánchez, planteó la posibilidad de limitar a los municipios en la contratación de deudas, y quitarles atribuciones que contempla el artículo 115 constitucional.

En este sentido Aguilera Rico expresó que “desgraciadamente” ni la contraloría del estado, ni el órgano de control interno del Congreso local funcionan debidamente para supervisar los préstamos que se han realizado en la actualidad.

Destacó que la propuesta realizada por el legislador muestra su desconocimiento sobre la Ley de Deuda Pública Estatal que está sujeta a los municipios y que corresponde al estado como a la Legislatura local verificar como es que se gasta el dinero.