El presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, Salvador Rojas Paredes, informó que la deuda que han alcanzado algunos ayuntamientos en los últimos seis años derivado de fallos en su contra por despidos injustificados por los cambios de administración —que se generan cada fin de trienio— llegó a 70 millones de pesos.

Pinal de Amoles, Pedro Escobedo, San Juan del Río y el Marqués son los municipios que, hasta el momento, el tribunal de conciliación tiene registrados con trámites laborales pendientes que no se han resuelto desde hace dos trienios por falta de dinero.

“De seis años a la fecha tenemos cerca de 110 juicios que ya están en alguna complicación de cumplimiento y varios de ellos incluyen a trabajadores sindicalizados, a toda la plantilla por ser conceptos que están en el convenio establecido, afectando a más de 700 trabajadores y rondando en aproximadamente 70 millones de pesos en total”.

El magistrado explicó que la principal función del tribunal es conciliar y llegar a soluciones y acuerdos entre el trabajador y la dependencia de gobierno municipal, a fin de que la fórmula que se aplique para resolver el conflicto resulte atractiva para ambas partes y el resultado no lesione a ninguna de las dos partes.

“Nosotros registramos un buen porcentaje de solución a conflictos vía conciliación. El objetivo es que se trate de resolver de esa manera y en el momento en que se tome la decisión de terminar la relación laboral en lo burocrático se pide tener con qué solventar las obligaciones que se puedan adquirir”, explicó.

Sin recursos para liquidación

El presidente del tribunal comentó que en muchas ocasiones, lo gobiernos, municipal o estatal, piden la separación de los empleados pese a que no cuentan con recursos para liquidarlos conforme a la ley.

“Tenemos históricamente problemas que no se han solucionado después de varios años y que algunos municipios no han podido cumplir. Tienen los juicios resueltos donde se estableció una obligación y que no se han pagado porque no tienen dinero”, explicó el funcionario.

Mencionó que algunas administraciones que arrastran incumplimiento de obligaciones, son San Juan del Río, Pedro Escobedo, Pinal de Amoles y el Marqués.

“Cuando no se paga, el tribunal tiene un procedimientos de ejecución en la ley y la medida para obligar al cumplimiento en este momento solamente son multas y generar responsabilidad a los titulares de las dependencias que no cumplen”, dijo.

Aseguró que cada tres años es normal que las administraciones municipales recurran o apliquen políticas de despidos de los trabajadores de los ayuntamientos. Esa situación, explicó, provoca que el empleado interponga denuncias ante el tribunal y reclama una afectación a sus derechos laborales en el gobierno.

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