El municipio de Corregidora, a través de la Contraloría municipal, interpuso ante la PGJ una nueva demanda contra el ex alcalde del ayuntamiento Carmelo Mendieta, por el ejercicio indebido de recursos públicos por un monto de cinco millones de pesos del programa local Apoyo a la economía familiar.
De acuerdo con el contralor del ayuntamiento, Julián Martínez Ortiz, la denuncia fue realizada la semana pasada ante la agencia del ministerio público especializada, no solo contra el ex presidente municipal, sino también contra varios de sus ex funcionarios.
“Esta denuncia fue originada por las observaciones de la cuenta pública del programa de Apoyo a la economía familiar que manejó la administración 2009-2012 en Corregidora, un programa que tiene muchas fallas y que no estaba autorizado por el cabildo”.
Asimismo, el funcionario municipal informó que dicho programa carecía de reglas de operación y la nula existencia de criterios para la entrega de los apoyos, los cuales eran otorgados en efectivo a todos los beneficiarios.
“El ejercicio del recurso fue en 2011 por 5 millones 400 mil pesos; sin embargo, fueron tres años que se aplicó el programa, lo que lleva a cerca de 14 millones de pesos”.
Anomalías
Detalló que de acuerdo con las observaciones descubiertas, algunos de los recursos fueron entregados a habitantes del ayuntamiento; sin embargo, la mayoría del dinero fue destinado a personas que no vivían en el municipio o bien beneficiarios fantasmas.
“…en otros casos fueron familiares que recibieron varios de sus miembros apoyo, así como 50 funcionarios de la administración anterior que recibieron el apoyo de este programa, que como funcionarios no debieron de haber sido beneficiados”, destacó el contralor municipal.
Los montos entregados a cada persona “beneficiada”, de acuerdo con el funcionario, iban desde 150 pesos a cuatro mil pesos.
“Esta es la quinta denuncia puesta contra el ex alcalde, y si sumamos los recurso de las pasadas denuncias, como la demanda por defraudación fiscal, recurso de materiales que se desviaron a particulares, suman un monto de 45 millones de pesos”, añadió.
El contralor municipal informó que actualmente la dependencia tiene en transcurso 98 procesos administrativos, en los cuales están implicados 133 funcionarios de la administración anterior.
“También tenemos 300 expedientes abiertos en donde están incluidos funcionarios de todos los niveles, desde el ex presidente municipal, hasta operativos, pasando por los secretarios”.
Julián Martínez Ortiz reiteró que las sanciones para este tipo de actos, al ser una cuestión penal, son de cárcel, esto aunado a lo que derive de los proceso administrativos de responsabilidad.
