Ante varios diputados del Poder Legislativo, el secretario de gobierno del estado de Querétaro, Juan Martín Granados Torres, realizó la presentación del proyecto “Cosmos” y los avances del nuevo sistema de justicia penal, de cara a la implementación en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, donde aceptó que existieron diversas fallas en la aplicación de dicho sistema en los primeros 15 municipios.
Entre las afectaciones que hubo para desarrollar adecuadamente el nuevo sistema, el secretario aseguró que hubo una sobrecapacitación de elementos policiacos, toda vez que estuvieron expuestos a información que no habrán de aplicar e inclusive dijo que el tiempo fue excesivo, ya que el doctorado que realizó el funcionario estatal duró menos de la mitad del tiempo que dedicaron los policías.
“Hubo una capacitación indebida. El problema fue que se capacitaba a todos los operadores de todas las funciones, se capacitaba a los policías para que supieran cómo se realizaba un alegato en juicio. Un policía jamás va a realizar esta función. La capacitación fue en exceso. Hay ministerios públicos que recibieron mil 200 horas de capacitación”, aseguró.
Aunque desde septiembre de 2014 se puso en marcha en los primeros municipios, será hasta el 30 de mayo cuando se implemente en los tres municipios metropolitanos, toda vez que, dijo, es la zona del estado en la que se registra el 65% de la incidencia delictiva, de la carga de operadores y de la administración de procuración de justicia.
Granados Torres afirmó que es necesario un rediseño del sistema de justicia, ya que actualmente se centra en el castigo al acusado, mientras que el nuevo se centra en la justicia restaurativa, en la que se buscará la mediación de conflictos y controversias:
“La tercera gradualidad tendría que partir de un rediseño para que esto pueda funcionar, que al problema histórico que se ha cuestionado de la corrupción de diversos operadores no carguemos otro tema más peligroso, que es la impunidad”, advirtió.
Al dirigirse a los diputados presentes, el funcionario estatal pidió el trabajo coordinado a fin de que se realicen las 115 modificaciones a la Constitución necesarias, las cuales se dividen en 90 administrativas y 17 reformas sustantivas y adjetivas.
Afirmó que es necesario integrar una comisión encargada de generar un proceso de certificación para las personas que quieran ser consideradas como “defensor público”, de tal modo que se trabaja con los colegios, así como las universidades del estado para que se genere esta posibilidad.
