Después de los comicios del 2018, cuando en las encuestas post electorales se les preguntó a los ciudadanos acerca de sus razones para votar por Andrés Manuel López Obrador, en primer lugar apareció una sola respuesta: por la corrupción.
Para que combata la corrupción. Esa fue la razón fundamental del arrollador triunfo del hoy Presidente: la gente que votó por él estaba harta de la insolencia con la que la casta priista (y también panista) había abusado del poder, para enriquecerse impúdicamente, y quería que eso desapareciera.
Una pequeña muestra de aquellos excesos del poder, fue el informe que, a finales de septiembre de 2019, preparó la organización de la sociedad civil llamada Fundar (https://bit.ly/3J27tsn) sobre lo acontecido durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña en cuanto a privilegios fiscales: fueron 745 mil 78 millones de pesos de privilegios fiscales los que hubo entre 2007 y 2015.
Al parecer esto de los regalos fiscales ya terminó, pero hay otros asuntos que persisten. El verbo político del Presidente, desde su púlpito mañanero, espeta con frecuencia ese poderoso dicho que lo mantiene en elevados índices de popularidad: “No somos iguales”. Bueno, pues resulta que gente de su gobierno, de la administración pública federal, está haciendo cosas iguales a las que se tramaban y perpetraban durante la gestión de Peña Nieto, en términos de adjudicación directa de contratos.
Mire lo que documentaron los reporteros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (https://bit.ly/3rtrdPA):
-Que ocho de cada diez contratos del actual gobierno federal han sido entregados por adjudicación directa. Es decir, lo mismo que ocurría con Peña Nieto: el priista arrancó su primer año de gobierno (2013) con el 74.7% de los contratos cedidos por adjudicación directa, y los llevó hasta el 82.6% (2017). El hombre entregó el poder con 81% de los contratos adjudicados directamente.
¿Y qué ha sucedido con aquella promesa del Presidente de que esa práctica que genera posibles actos de corrupción sería erradicada? Nada, que sigue prácticamente igual: en 80%. En 2019 se trató del 80.7% de los contratos, en 2020 del 80.9%, y en 2021 descendió a 80.3%.
En 2021 se trató de 157 mil 796 contratos, de los cuales 126 mil 766 fueron por adjudicación directa, por designación del dedazo de alguien en la administración pública federal.
¿De cuánto dinero estamos hablando? De poquito: $143 mil millones de pesos, más de $7 mil millones de dólares. En términos de montos, no de contratos, las adjudicaciones directas representan el 38.1% del total, por encima del 36% que llegó a existir con Peña Nieto. Es decir que ahí no son iguales, sino peores en la actual administración pública federal.
No sé si el Presidente esté al tanto de estos datos. No sé si alguien le dé “otros datos” y él cree que esta práctica se erradicó, o disminuyó sensiblemente, pero bien haría en revisar y poner orden en donde se puede generar buena parte da la corrupción, porque para eso lo elegimos.