Cuando la ciudad vuelva a colapsar la pregunta no será técnica ni presupuestal. Será política: ¿quién va a pagar los platos rotos del desastre vial que se avecina con la construcción del tren México-Querétaro? ¿El PAN, que gobierna el estado y el municipio? ¿Morena, que impulsa y ejecuta la obra desde el gobierno federal? La respuesta no tardará en convertirse en una guerra mediática de acusaciones cruzadas, mientras los ciudadanos quedarán atrapados, una vez más, en el tráfico, los desvíos improvisados y la incertidumbre cotidiana.
El problema no es que exista un proyecto ferroviario, sino que Querétaro ya sabe lo que ocurre cuando una obra mayor irrumpe en una ciudad sin coordinación real entre los tres órdenes de gobierno. El precedente inmediato es Paseo 5 de Febrero: una intervención que paralizó la movilidad durante casi dos años, que se prometió como ejemplar y que está terminada al 99%.
Recordemos que este tren no es una novedad histórica. El primero que lo impulsó formalmente fue Ignacio Loyola Vera, cuando gobernó el estado entre 1997 y 2003. Se hicieron estudios privados, trazos y diagnósticos que hoy tendrían que actualizarse. En el sexenio de Peña Nieto reapareció la idea, pero el proyecto naufragó entre escándalos de corrupción, conflictos de interés y una crisis política que lo sepultó.
Hoy el tren regresa bajo otra narrativa y otro contexto político, impulsado desde el ámbito federal, acompañado por el impulso ferroviario que dejó proyectos como el Interoceánico (recientemente descarrilado) y el Maya. Lo que importa es el impacto local inmediato: reubicación de rutas, afectaciones en zonas urbanas densamente pobladas, ajustes en corredores como Corregidora Norte y áreas aledañas. Más de ciento treinta mil estudiantes resentirán alteraciones en su movilidad cotidiana.
Aquí está el punto más delicado: la obra es federal, pero el transporte público y la gestión urbana corresponden al ámbito estatal y municipal. Si cada nivel de gobierno opera en clave partidista, el escenario está servido para el deslinde permanente. Morena señalará a los gobiernos locales por la mala operación urbana; el PAN responsabilizará al gobierno federal por la planeación y los tiempos. El ciudadano quedará, como siempre, en medio del fuego cruzado, pagando con horas perdidas, desgaste económico y deterioro en la calidad de vida.
El tren, en realidad, no sólo es una infraestructura pendiente, sino una prueba de madurez institucional. Por eso la pregunta inicial no es retórica. Cuando la ciudad vuelva a atascarse, cuando aparezcan los primeros errores, cuando empiece el intercambio de culpas en conferencias y comunicados, alguien tendrá que responder: ¿quién va a pagar los platos rotos?
Periodista y sociólogo. @viloja