Periodismo y activismo no son lo mismo. Ya lo dijo Julian Assange, fundador de Wikileaks, en el documental “Page One: un año en el New York Times”. Ahí afirmó que, si tuviera que escoger, preferiría el activismo al periodismo. Para él, el periodismo era una herramienta para alcanzar un objetivo más amplio, al que llamó, simplemente, justicia.
Esta distinción es importante porque tanto activistas como periodistas pueden coincidir en ciertos caminos, pero no persiguen los mismos fines. El activismo defiende una causa. El periodismo informa, investiga y somete los hechos al escrutinio público. Esa frontera puede ser porosa, pero existe.
Menciono esto por la iniciativa anunciada en junio por la diputada del PT Claudia Díaz Gayou, quien busca reformar el artículo 2 de la Constitución de Querétaro para garantizar protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Para ello anunció una serie de foros, en los que se planteó ampliar esa protección también a activistas.
Aquí aparece el primer problema. Reunir bajo una misma categoría a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas puede sonar incluyente, pero borra diferencias esenciales entre sus funciones, sus métodos y los riesgos que enfrentan. Varios periodistas ya lo señalaron en los foros anteriores. Conviene insistir ahora, antes de que una buena intención termine convertida en una ley mal delimitada e inaplicable.
El periodismo parte de un método, no de una causa previa. Investiga un hecho y lo publica porque el reporteo lo sostiene.
El activismo, en cambio, parte de una causa que considera justa y utiliza información, argumentos y acciones para alcanzar un objetivo, como lo planteaba Assange. El orden de las operaciones marca la diferencia, no la fuerza moral ni la indignación que cada postura pueda generar.
La figura del “periodista activista” es una contradicción funcional. Los caminos son distintos y el periodismo debe sostenerse en la transparencia de su método.
Querétaro necesita una ley de protección para periodistas. Sería el tercer intento. Por su importancia, sorprende la celeridad con la que ahora se pretende avanzar.
Una reforma así no debería tramitarse en fast track. Requiere máxima publicidad, una convocatoria más amplia y participación de especialistas. La prisa puede producir una norma ambigua, difícil de aplicar y vulnerable a la discrecionalidad de las autoridades.
Esta iniciativa no debe convertirse en una operación de relaciones públicas. La diputada que la promueve no ganará automáticamente el reconocimiento de estos sectores por el sólo hecho de proponerla. Ese reconocimiento llegará si la ley respeta su independencia, reconoce sus diferencias y protege de manera efectiva, y si acepta que quienes hoy participan en los foros mañana pueden investigar, criticar o denunciar a las mismas autoridades que impulsaron la reforma.