En un año, dos municipios alejados de la zona metropolitana han detonado conflictos que terminaron impactando la política estatal: Cadereyta y Peñamiller. En ambos casos hay un factor común: la tardía reacción de la Secretaría de Gobierno ante disputas que se minimizaron por ocurrir lejos de la capital, hasta que escalaron.
En Cadereyta, una huelga sindical exhibió la fragilidad financiera del ayuntamiento y derivó en una marcha encabezada por la alcaldesa hacia la capital del estado. El conflicto, originado por demandas laborales y falta de respaldo presupuestal, se convirtió en un choque político entre un municipio gobernado por Morena y un gobierno estatal panista. El diálogo institucional nunca fluyó con claridad, y la crisis se trasladó a la calle.
En Peñamiller, la destitución de la delegada electa Anallely Díaz Guerrero terminó en el Tribunal Electoral. Desde el 18 de diciembre, el órgano jurisdiccional resolvió que la remoción era ilegal y ordenó su restitución. La sentencia no cerró el conflicto porque la reinstalación no ocurrió. El desacato a un fallo legal abrió un frente innecesario.
Un asunto hiperlocal se convirtió en toma de la presidencia municipal y en protesta pública. Se sumaron actores de Morena en respaldo a habitantes de un municipio gobernado por Acción Nacional. Morena habló de juicio político. El PAN denunció orquestación. El gobierno estatal intervino cuando el conflicto ya había crecido.
En el cruce de acusaciones quedó desplazado el punto central: la fragilidad institucional de los municipios pequeños. Si una sentencia electoral no es obedecida de inmediato por la autoridad y la gente tiene que salir a protestar, entonces estamos ante un tema de legalidad y gobernabilidad. La autonomía municipal tiene límites jurídicos claros y su incumplimiento erosiona legitimidad.
La reacción estatal fue finalmente obligada por la dimensión que adquirió el conflicto. Un asunto que pudo resolverse con operación política temprana terminó convirtiéndose en un desgaste innecesario. Después llegaron los acuerdos, la reapertura del edificio y la narrativa de normalidad. Todos se declararon satisfechos en una crisis que pudo evitarse.
Este episodio revela una constante incómoda: la atención institucional suele concentrarse en los municipios metropolitanos, mientras que las demarcaciones no metropolitanas operan con menor margen y visibilidad. El transporte público en San Juan del Río, por ejemplo, permanece rezagado pese a ser el segundo municipio del estado. La periferia política no siempre coincide con la periferia geográfica.
Peñamiller, además, arrastra reclamos por manejo de residuos, pagos ejidales pendientes, seguridad y la desaparición de un exalcalde. La reinstalación de la delegada fue apenas el detonador visible de un malestar acumulado.
Lo ocurrido en Cadereyta y Peñamiller advierte que el municipio es el punto más vulnerable del sistema político estatal. Y en esa vulnerabilidad comienza a dibujarse la disputa rumbo a 2027.
Periodista y sociólogo. @viloja