Hace un año bastaron segundos para quebrar el ánimo de una ciudad. Una camioneta gris se detuvo frente a un bar en el Centro Histórico. Descendieron cuatro sujetos armados con rifles de asalto y abrieron fuego.

Aquel 9 de noviembre de 2024, en el bar Los Cantaritos diez personas (siete hombres y tres mujeres) fueron asesinadas y otras trece resultaron heridas en un establecimiento ubicado en pleno Centro Histórico de Querétaro.

No fue un hecho aislado, aunque así se quisiera presentar. Fue la señal más clara de lo frágil que está el tejido de seguridad en Querétaro, un estado que durante años construyó el relato de ser un “santuario” blindado frente a la violencia de su vecino Guanajuato.

Cuando aquí aparecían ejecutados, la explicación oficial era siempre la misma: “vinieron de fuera”. Como si la violencia fuera producto de importación, nunca de manufactura local. Como si el crimen organizado no disputara territorio en este estado desde hace tiempo. La realidad alcanzó al discurso.

Después de la masacre llegaron las respuestas efectistas: modificar horarios en los bares del centro, imponer cierres, exigir cámaras especiales, cancelar permisos. Como si el problema fuese la hora en que se bebe una cerveza y no la disputa territorial entre grupos criminales. El ataque ocurrió antes de la medianoche. Los parches administrativos no tocan la raíz.

Meses después hubo detenciones de presuntos autores materiales. Pero las preguntas permanecen: ¿por qué ese lugar?, ¿por qué esas víctimas, muchas de ellas simplemente estaban en el sitio equivocado en el momento equivocado?, ¿qué condiciones permitieron que un comando armado operara con tal facilidad en una zona vigilada y turística?

Y no es solo percepción. Como ha documentado la analista Viridiana Ríos, varias fiscalías del país, de las cuales Querétaro no es la excepción, tienden a reclasificar homicidios como otras causas de muerte desde 2015, lo que maquilla las estadísticas. Es decir, la “baja” en la incidencia puede ser, en parte, una baja en cómo se clasifican los expedientes, no en la violencia real.

El resultado es evidente: la ciudadanía no olvida. Los Cantaritos sigue siendo una herida abierta, como también lo es el enfrentamiento entre barras bravas en el Estadio Corregidora el 5 de marzo de 2022. Sin una política de seguridad integral, lo único que crece es la desconfianza. Hoy el debate público gira alrededor de si los bares tendrán o no que instalar cámaras biométricas (¿con sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento de rostros?) para no ser clausurados. Pero el problema no es la tecnología. Es la política de seguridad del estado.

Querétaro enfrenta un reto claro: garantizar seguridad real, no discursos. Y ese es un reto que, hasta ahora, Mauricio Kuri no ha sabido resolver.

Periodista y sociólogo. @viloja