El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de vínculos con el crimen organizado, en lo que constituye la primera acusación de este tipo contra un mandatario estatal en funciones en la historia reciente de la relación bilateral. La crisis llega cuando la presidenta Claudia Sheinbaum ya carga con el desgaste diplomático del mal manejo del caso de dos agentes de la CIA muertos en Chihuahua.
Los dos episodios no son una cadena de causa y efecto, sino dos presiones simultáneas que confluyen sobre la misma relación bilateral en el mismo momento político. En Chihuahua, agentes de inteligencia estadounidense realizaron un operativo sin notificar al gobierno federal. El reproche de Washington a Sheinbaum fue que su respuesta resultó fría ante los familiares de los fallecidos; el de Sheinbaum a Washington, que México no fue informado del operativo. Hasta ahí, el conflicto tenía coordenadas locales y el enfrentamiento principal era entre el gobierno federal y el de Chihuahua.
La acusación contra Rocha Moya cambió la escala del problema. El gobernador, junto con otros nueve funcionarios, fue señalado en una corte federal de Nueva York. El episodio no llega sin antecedentes: desde que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán entregaron a Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, el propio Zambada acusó a Rocha Moya de operar con el crimen organizado. Esa acusación desató una guerra en territorio sinaloense y convirtió al gobernador en un problema político para Sheinbaum y para el propio Andrés Manuel López Obrador antes que ella.
Rocha Moya fue respaldado en su momento por otros gobernadores de Morena, pero el respaldo no alcanzó para contener el daño. La acusación formal en Nueva York lo obligó a solicitar licencia para, según el argumento oficial, no obstaculizar las investigaciones. La licencia es en sí misma una señal: el gobierno federal no podía seguir sosteniéndolo.
Lo que queda abierto es cómo administrará Sheinbaum una crisis diplomática con dos frentes activos. El caso de los agentes de la CIA expuso una falla de comunicación que Washington convirtió en capital político para presionar más en el tema del fentanilo. La acusación contra Rocha Moya añade una dimensión distinta: por primera vez, un tribunal estadounidense señala a un gobernador en funciones de un partido en el poder con vínculos directos al narcotráfico. Las próximas semanas definirán si la presidenta puede contener el deterioro o si la relación bilateral entra en una fase de tensión sostenida.
La pregunta que Sheinbaum no puede eludir es si su gobierno tiene margen real para negociar con Washington desde una posición de firmeza o si el peso acumulado de ambas crisis la obliga a ceder terreno en la agenda de seguridad y opacar su discurso de soberanía. La respuesta que dé en las próximas semanas trazará el perfil diplomático del resto de su sexenio.
Periodista y sociólogo. @viloja