El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su mandato se ha jactado de un cambio en la Administración Pública a nivel federal con el propósito de lograr una supuesta “regeneración” del país.
A pesar que en materia de Seguridad Pública modificó el nombre de la dependencia encargada de dicho despacho —ahora se denomina Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana— o el nombre del cuerpo policiaco de desdoblar las actividades de seguridad a nivel nacional —ahora Guardia Nacional—, se necesita más que un “nuevo” —ya desgastado— discurso para garantizar el derecho humano a la seguridad pública, así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz público y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos.
Como se observa en su Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República, publicada el 16 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la federación, se postularon diversos ejes como objetivos de tal Estrategia Nacional, entendidos, razonados en un sinsentido, sin rumbo por el gobierno federal como en todas sus intervenciones, algo que parece ser el leitmotiv del Gobierno de AMLO.
Dentro de dichos objetivos, su “estrategia”, se encuentra lo que ha sido su bandera de “erradicar la corrupción”, empero, parece que solamente se utiliza a conveniencia, pues cuando el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, expuso los números del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en consenso con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el Presidente y Morena —en la Cámara de Diputados— lograron separar temporalmente a quien “levantó la mano” o contrapuso información de las decisiones —que bien podrían encuadrar en locuras— de AMLO.
Ahora, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados está pidiendo de manera paradójica que investiguen al auditor superior de la federación, por presunta corrupción y tráfico de influencias y, de confirmarse los ilícitos, iniciar el procedimiento de remoción del titular del máximo órgano de fiscalización del país. La incongruencia es evidente cuando al investigador del destino de recursos, a nivel federal, los diputados de Morena piden investigarlo porque no les gusto su investigación, es decir, por cumplir con su trabajo; Morena pasa por alto que la ASF es un organismo con autonomía técnica y de gestión, de acuerdo con el mandato consagrado en el artículo 79 constitucional.
Otro de los objetivos de esta Estrategia de Seguridad son el pleno respeto y promoción de los derechos humanos y la seguridad pública. Sin embargo, es difícil que la voluntad política de AMLO sea la promoción y respeto a los derechos humanos de las mujeres; en diversas ocasiones ha sido indolente y apático con este tema tan delicado en nuestro país por los feminicidios.
Bajo la expresión “ya chole”, el Presidente de la República se escuda para no entrar a resolver los altos índices en esta área que se presentaron el pasado 31 de diciembre de 2020, en el informe que presentó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se indica que durante el 2020 ocurrieron 940 feminicidios en México, solo dos casos menos a los registrados en 2019 (942), y cuarenta y siete menos que en 2018 (893).
Para sacar conclusiones se tendría que tener un espacio mayor, basta con el ejercicio de analizar un par de objetivos del sin rumbo que esta administración pública federal está llevado a cabo. Parece que este gobierno federal utiliza la seguridad y justicia con fines electorales, cobra revanchas por exhibir fallas de su administración, protege personas involucradas en actos de corrupciones o delitos, como violaciones, para encubrir las polémicas tanto del Presidente de la República, AMLO como del partido Morena.
