Se respira un ambiente de nerviosismo e incertidumbre en el Poder Judicial, lo dicho tanto por la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es que esta gran reforma al Poder Judicial se dará en septiembre como una de las primeras acciones de la nueva legislatura, junto con la reforma a la ley del ISSSTE, la reforma a las pensiones de los maestros y la eliminación de la reelección. Todas estas reformas tienen las más altas probabilidades de ser aprobadas, dada la mayoría que tendrá el partido en el Gobierno y sus aliados.

La reforma contiene como propuesta central implementar el voto popular para la designación de jueces, magistrados y ministros, además de la desaparición del Consejo de la Judicatura y una serie de reformas administrativas internas al sistema de justicia.

Bajo este contexto, vale la pena recordar la reforma de 1995 cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo cerró durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, mediante la figura de jubilación inmediata, separó de su cargo a los 26 ministros. La reforma de ese entonces incluyó la reducción a 11 el número de ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la creación del Consejo de la Judicatura, la incorporación de nuevos recursos como la controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad y el límite de 15 años para ocupar el cargo que antes era vitalicio.

Aunque ese capítulo de la historia transitó sin mayor revuelo, significó una nueva etapa para el Poder Judicial en nuestro país. De manera similar, las reformas que se avecinan podrían marcar un cambio de paradigma en la impartición de justicia en México.

El voto popular para la designación de jueces, magistrados y ministros es, sin duda, un tema que polariza opiniones. Por un lado, sus defensores argumentan que esta medida democratizará el sistema judicial, acercando a los ciudadanos a la toma de decisiones cruciales y eliminando el sesgo que puede surgir de las designaciones políticas. Por otro lado, los críticos señalan que el voto popular podría politizar aún más la justicia, sometiendo a los jueces a las presiones de las campañas electorales y diluyendo su independencia.

La idea de jueces electos por voto popular no es nueva y ha sido objeto de debate en varios países. Sin embargo, el éxito o el fracaso que puedan llegar a tener estas reformas dependerá en gran medida de su implementación cuidadosa y de un equilibrio adecuado entre la democratización y la preservación de la independencia judicial.

Más allá del discurso, es importante considerar si esta reforma afecta los principios democráticos, si se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos, y si en términos económicos da mayor o menor certeza jurídica a la capacidad del Estado para resolver disputas de manera oportuna con costos razonables asociados con litigios, y, muy importante, si mejora o no el clima económico al aumentar la confianza de empresarios y trabajadores.