Después de dos intentos fallidos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, todo indica que ahora sí se concretara una reforma electoral en nuestro país. El pasado sábado se instaló la comisión especial que redactará la nueva iniciativa, y aunque el discurso oficial habla de “ahorro” y “eficiencia”, las modificaciones propuestas merecen un análisis más profundo.
Son tres los ejes que concentran la atención: la reducción del número de consejeros del INE, la eliminación de diputados plurinominales y la disminución de regidores en los Ayuntamientos del país.
En el caso del INE, el argumento de austeridad no es nuevo. Pero reducir consejeros sin garantizar la pluralidad ni mecanismos de designación realmente independientes puede debilitar la credibilidad de un árbitro que, aunque perfectible, ha sido clave en la transición democrática mexicana.
La eliminación de plurinominales toca un debate más delicado. El sistema actual fue diseñado precisamente para corregir los excesos de las mayorías artificiales. Sacrificar esa pluralidad beneficiaría de forma evidente a los partidos grandes (principalmente Morena y sus aliados) y pondría en desventaja estructural a las minorías políticas.
El tercer punto, menos mediático pero igual de relevante, es la propuesta de reducir los integrantes de los Ayuntamientos. Aunque es cierto que hay municipios donde el número de regidores parece excesivo y su desempeño opaco, legislar en lo general, sin atender la enorme diversidad territorial, demográfica y cultural de México, puede tener efectos negativos.
Pongamos un ejemplo. En Querétaro, municipios como El Marqués y Corregidora, con casi 200 mil electores, pasarían de 13 a 9 regidores. La capital, con un padrón cercano al millón de personas, vería reducidos sus 15 regidores a solo 9. La representatividad local se vería comprometida en nombre de una supuesta eficiencia.
Toda reforma electoral debe preguntarse no solo qué cambia, sino a quién pone en desventaja y a quién beneficia. Si se reduce el número de legisladores y regidores, pero no se garantiza una representación proporcional efectiva ni reglas claras para evitar el dominio de un solo partido, entonces la competencia política se distorsiona. Las elecciones dejan de ser justas cuando las reglas del juego favorecen desproporcionadamente a un solo actor.
La Presidenta ha declarado que esta reforma no aplicaría para 2027, pero los tiempos políticos avanzan rápido. La oposición tendrá que prepararse para competir con menos espacios, menos recursos y menos voz.
¿Estamos ante una modernización de la democracia o ante un rediseño del tablero para asegurar una ventaja duradera? En cualquier caso, el reto es claro: garantizar que las reformas no se conviertan en herramientas para perpetuar el poder, sino en mecanismos para fortalecer la representación y la pluralidad. La democracia no necesita menos voces, necesita más. Y en México, esa diferencia puede marcar el rumbo de toda una generación política.
@RubenGaliciaB
