La mañana del pasado miércoles nos levantamos con una preocupante noticia, por la madrugada las y los diputados federales aprobaron la iniciativa de la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y más allá del contenido de este nuevo marco legal, el proceso por el cual se ha conducido esta iniciativa ha sido arbitrario y excluyente por decir lo menos.
A finales de marzo se llevó a cabo en la UAQ el foro denominado “Perspectivas sobre las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación: La democratización y la gobernanza en la ley". Participaron representantes de la comunidad científica como el Dr. Alejandro Manzano Ramírez del CINVESTAV-IPN; el Dr. Carlos Aramburo de la UNAM; el Dr. Enrique Rabell García, director del CONCYTEQ, y la Dra. Teresa García, rectora de la UAQ.
Cualquiera apostaría que lo acordado en ese foro tendría un peso importante en oídos de los promotores de la iniciativa, específicamente el CONACYT y la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. La realidad es que no fue así, y la inclusión, los siete parlamentos abiertos y en general lo que se acordó en aquel foro, fueron palabras que se llevó el viento.
Pese a los posicionamientos de la comunidad científica en todo el país, la iniciativa fue aprobada en lo general con 257 votos a favor, 208 en contra y 2 abstenciones, la aplanadora de Morena haciéndose presente.
Entre los puntos críticos de esta iniciativa están la incorporación de representantes de la Defensa y Marina en la junta de Gobierno que es la máxima autoridad en materia de ciencia y tecnología en el país, además de contar con solo seis espacios para la sociedad civil y ningún tipo de mecanismo para seguridad la paridad de género es este órgano.
Otro de los puntos controversiales es que la iniciativa elimina al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, mismo que estaba compuesto por asociaciones y organizaciones científicas y era el brazo de la sociedad en el sector.
Si el sector científico, tecnológico y de innovación ya se encontraba en condiciones complicadas, sin recursos suficientes y sin una estrategia nacional eficiente, este nuevo desafío pone en alerta al futuro científico y tecnológico del país.
La iniciativa ahora está en manos del Senado, se turnará a comisiones y en caso de aprobarse ahí, pasará a la Mesa Directiva y se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Esta es también una oportunidad para que el Senado se abra al diálogo y antes de someter la propuesta a votación escuche todas las voces, igual de valiosas de la academia, la sociedad civil y la iniciativa privada que pertenecen a un sector que puede reinventarse para convertirse en un gran motor de progreso para el país.