El proceso para elegir a tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral debería ser, por definición, un ejercicio ejemplar. No solo por su relevancia institucional, sino porque se trata de la máxima autoridad encargada de organizar nuestras elecciones: si el árbitro exige reglas claras, transparencia y certeza, su propio proceso de integración tendría que reflejar exactamente esos mismos principios, ser confiable, transparente y eficiente.
Pero la realidad ha sido un tanto distinta. La etapa del examen de conocimientos, que debía ser el filtro más objetivo, terminó por convertirse en el punto más controvertido. La evaluación abarcaba materias sustantivas: derecho constitucional, sistema electoral, fiscalización, derechos humanos, historia política contemporánea. Sin embargo, los resultados sorprendieron. Perfiles con amplia trayectoria en materia electoral quedaron fuera, mientras que aspirantes poco conocidos obtuvieron calificaciones casi perfectas. En un proceso donde la confianza lo es todo, ese contraste inevitablemente abre espacio a la sospecha.
Hoy, el proceso avanza a su siguiente fase. El Comité Técnico de Evaluación ha reducido la lista a 50 mujeres y 50 hombres, quienes estos días están siendo entrevistados bajo criterios que incluyen trayectoria, experiencia democrática, principios de inclusión y ética pública.
Aunque hay elementos que vale la pena reconocer, como la posibilidad de que la ciudadanía emita opiniones a través de mecanismos de Parlamento Abierto, en un contexto de cuestionamientos, la transparencia debe ir mucho más allá, transmisiones en vivo de entrevistas, publicación detallada de evaluaciones y criterios de calificación de cada integrante del comité, deberían ser los mínimos democráticos en un proceso de esta magnitud.
En los próximos días, el comité deberá enviar las tres quintetas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y posteriormente el pleno votará para designar a los nuevos consejeros. Aunque si no hay acuerdo de dos terceras partes en los votos, la elección podría definirse por insaculación, como ocurrió en 2023. La tómbola como último recurso en la integración de la máxima autoridad electoral sería una señal alarmante de alerta sobre los límites del consenso político.
Más allá del procedimiento, lo que está en juego es de fondo. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral no es solo un órgano administrativo. Es un árbitro. Conocer los perfiles es importante, pero no suficiente. La trayectoria puede anticipar capacidades, pero no garantiza independencia. La verdadera prueba comienza después del nombramiento. El seguimiento ciudadano a las decisiones, los criterios y las resoluciones del Consejo será tan relevante como el proceso que hoy se desarrolla.
El reto es claro: más allá de cuotas, afinidades o trayectorias, lo que el país necesita son consejeros con autonomía real frente al poder político. No es una exigencia idealista; es una condición mínima para que la democracia funcione.
Este proceso pondrá a prueba la capacidad del sistema político para nombrar árbitros creíbles en un momento donde la confianza pública es, quizá, el recurso más escaso.
@RubenGaliciaB