Hace no muchos años, las escuelas solían ser de los lugares más seguros para las niñas, niños y adolescentes. Hoy en día, la situación parece ser completamente opuesta, ya que estos espacios se han transformado en lugares de alto riesgo para nuestras futuras generaciones. ¿Cómo permitimos que las escuelas se convirtieran en lugares peligrosos?

Recientemente Querétaro se convirtió en noticia a nivel nacional debido a un incidente ocurrido en la comunidad de San Isidro Miranda, en el municipio de El Marqués, donde, lamentablemente, un menor perdió la vida. Este trágico suceso reabre el debate en torno a la muy discutida decisión de cómo "reforzar" los controles de seguridad en las escuelas y si estas medidas solucionan de fondo las raíces de este tipo de delitos.

El “Operativo Mochila Segura” fue aplicado por primera vez por la Secretaría de Educación Pública en 2001, con el objetivo de que los alumnos no ingresaran a las escuelas armas de fuego o punzocortantes. Este programa era aplicado por maestros, padres de familia y policías en 9 entidades del país.

El programa se dejó de implementar después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó a la SEP que no se criminalizara a los niños y las niñas con la aplicación del programa, pues con la revisión se presuponía que los menores de edad podrían cometer algún delito.

Me parece que más allá del debate, es esencial comprender que una revisión consultada y consensuada con los padres de familia no implica que los niños sean considerados delincuentes en potencia. Más bien, constituye un paso crucial hacia la creación de un entorno escolar seguro, siempre y cuando se realice con un protocolo bien elaborado y respetuoso de los derechos humanos.

La seguridad de las y los niños no debería ser un tema polémico, ni debería detenerse por diferencias de opiniones. Un operativo de mochila segura, diseñado desde una perspectiva de prevención, se convierte en una herramienta valiosa para garantizar que las instituciones educativas sean lugares libres de riesgos. Al involucrar a los padres en este proceso, se establece un vínculo de confianza y colaboración que fortalece la seguridad de las y los estudiantes.

Es comprensible que algunos puedan percibir estas revisiones como invasivas o discriminatorias. Sin embargo, al incorporar un enfoque respetuoso de los derechos humanos, se puede mitigar esta preocupación. La transparencia en el procedimiento y la participación activa de los padres son elementos clave para asegurar que estas revisiones no traspasen límites innecesarios y se realicen con el máximo respeto.

Todo esto sin olvidar que el operativo de mochila segura deberá ser solo el primer paso en una estrategia mucho más amplia de seguridad pública que incluya la revisión y fortalecimiento del control de armas, la lucha contra la delincuencia, el combate al narcomenudeo y otras amenazas que puedan afectar la seguridad de las y los estudiantes.

Por lo pronto, desde la Comisión de Educación y Cultura del Congreso local ya alza la voz para atender este importante tema.