La brecha digital sigue siendo una de las grandes deudas sociales de México, millones de personas, especialmente en comunidades rurales e indígenas, viven aún al margen de la conectividad, sin acceso a Internet, a servicios móviles estables o a medios de comunicación propios. Resolver este problema estructural es cuestión de derechos humanos, de justicia social, desarrollo económico y cohesión democrática.
Por eso, la iniciativa presentada por la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones prometía ser una buena noticia. En su origen, el proyecto buscaba reducir las barreras de entrada para operadores públicos, comunitarios y sociales, facilitar el acceso al espectro radioeléctrico, eliminar requisitos técnicos innecesarios, y abrir el ecosistema digital a quienes históricamente han sido excluidos. Pero el optimismo duró poco.
Con una redacción ambigua, la primera iniciativa presentada en abril establecía mecanismos de “supervisión” sobre contenidos digitales y de radiodifusión, lo que abrirá las posibilidades de censura y vigilancia masiva. La reacción fue inmediata: organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y actores políticos advirtieron que la iniciativa, más que cerrar la brecha digital, abría la puerta a un sistema de control informativo centralizado, incompatible con cualquier estándar democrático moderno.
La mayor preocupación, sin embargo, va más allá de un artículo mal redactado. Es estructural. El proyecto contempla la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo responsable de regular el espectro, garantizar la competencia y proteger derechos de audiencias y usuarios. En su lugar, se plantea concentrar estas funciones en la Agencia de Trans formación Digital, bajo control directo del Ejecutivo. Así, quien gobierna decidiría también quién puede hablar, qué puede decir y sobre qué frecuencias puede hacerlo.
Ese esquema no es nuevo, tiene similitudes a países como Venezuela o Nicaragua, donde la arquitectura legal de las telecomunicaciones se ha convertido en un instrumento de control político. Al eliminar contrapesos y supervisión independiente, se erosiona la pluralidad informativa, se asfixia al periodismo incómodo y se disuade la crítica.
Es cierto que el sistema actual enfrenta grandes retos. Las concesiones se han usado como moneda de cambio político, los trámites son complejos y las radios comunitarias enfrentan un laberinto legal para sobrevivir. Pero la solución no puede ser el autoritarismo digital disfrazado de inclusión. Lo que se necesita es una reforma inteligente, participativa y anclada en principios democráticos: más acceso, sí, pero también más libertad, más derechos, más transparencia.
En estos días, el Senado mexicano lleva a cabo mesas de trabajo y conversatorios para rediseñar la iniciativa. Es una oportunidad crucial. El gobierno debe demostrar que su compromiso con la equidad digital es genuino, y que no busca esconder el garrote del control detrás del lenguaje de la transformación.
@RubenGaliciaB
