El agua se ha convertido en el centro de una de las discusiones políticas y sociales más relevantes de nuestro tiempo. La nueva iniciativa de Ley de Aguas Nacionales, presentada la semana pasada y que comenzará a analizarse en el Congreso, pretende cerrar décadas de vacíos legales, concesiones opacas y conflictos sociales. Más que una reforma técnica, se trata de una promesa de cambio de paradigma: reconocer el agua no como una mercancía, sino como un derecho humano y un recurso estratégico de la Nación.
Para Querétaro, el debate adquiere una dimensión particular. En los últimos años, el agua ha sido motivo de enfrentamiento político, jurídico y social: desde la polémica por la Ley Estatal de Aguas hasta el más reciente proyecto de El Batán, las tensiones han girado en torno a un tema tan vital como ausente de claridad normativa. Buena parte de esa incertidumbre nace, precisamente, de las lagunas legales a nivel federal, que permiten la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones, la falta de mecanismos de transparencia en el uso del recurso y la ausencia de una política nacional de gestión hídrica sustentable. Esta nueva ley pretende dar orden y sentido a ese caos: establecer competencias claras entre los tres niveles de gobierno, reconocer los sistemas comunitarios de agua y prohibir las transmisiones de títulos de concesión entre particulares.
El proyecto también incorpora medidas como la creación de un Registro Nacional del Agua, un fondo de reserva de aguas nacionales, un nuevo capítulo sobre delitos hídricos con sanciones específicas, y la captación de agua de lluvia como política pública estructural. Sobre el papel, es una reforma ambiciosa y necesaria. Pero de poco servirá una ley impecable si no se acompaña de un presupuesto sólido y sostenido. Y ahí está la gran contradicción: el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 presenta reducciones a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con 36,689 millones de pesos (0.1% del PIB), el gasto será 4.5% menor en términos reales respecto al año anterior, y 46% inferior a lo ejercido en 2024.
Más preocupante aún es que el 31% del presupuesto de Conagua se destina al gasto corriente, mientras el resto se reparte entre inversión física y programas federales.
En el ámbito local, la situación de Querétaro ofrece un espejo perfecto de lo que está en juego. Esta semana, la presidenta municipal de Cadereyta de Montes presentó una solicitud de plebiscito para consultar a la población sobre la municipalización del servicio de agua, una decisión que, más que fortalecer la gestión, podría fragmentarla. La lógica del agua no entiende de fronteras municipales ni de jurisdicciones políticas; su gestión exige visión regional, coordinación interinstitucional y una mirada de largo plazo. Apostar por el aislamiento en lugar de la cooperación sería, simplemente, un error estratégico.
La nueva Ley de Aguas Nacionales es una oportunidad histórica para redefinir la relación entre Estado, sociedad y naturaleza. Pero esa oportunidad solo será real si el compromiso político se traduce en recursos, transparencia y corresponsabilidad. El agua no espera. Y los próximos años nos mostraran si logramos pasar de la crisis a la resiliencia hídrica.
@RubenGaliciaB
