El Congreso de Querétaro aprobó este fin de semana una de las reformas más relevantes y sensibles para la vida institucional del Estado, la Reforma al Poder Judicial. Como era previsible, la sesión de pleno tuvo dos bloques claros. Por un lado, legisladores de Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México, acompañados, en esta ocasión, por algunos perfiles de Morena, respaldaron la iniciativa. En contraste, voces del Partido del Trabajo y de Morena se posicionaron en contra.
Reformar el Poder Judicial no es un ajuste administrativo; es intervenir en el sistema que define derechos, resuelve conflictos y, en última instancia, sostiene la legitimidad del orden público.
Por ello, más allá de alineamientos partidistas, el llamado es a algo más exigente: formarse una opinión propia. El documento aprobado (disponible en la página oficial de la Legislatura) de 41 páginas que detallan cambios estructurales, transitorios y principios que marcarán el funcionamiento del sistema judicial en los próximos años. En tiempos de debate acelerado, detenerse a leer también es una forma de participación cívica.
La reforma, además, no ocurre en el vacío. Está precedida por la transformación judicial a nivel federal, que obliga a los congresos locales a homologar marcos normativos. Sin embargo, como suele suceder, la homologación no es sinónimo de réplica. Querétaro introduce matices propios, entre ellos el énfasis en los mecanismos alternativos de solución de controversias, que se plantean como un pilar del nuevo modelo. La apuesta es clara: despresurizar tribunales, agilizar procesos y ofrecer mayor certidumbre, particularmente en un entorno donde la justicia lenta termina siendo, en la práctica, justicia negada.
Al mismo tiempo, la reforma incorpora elementos que han sido eje del debate nacional. La limitación de remuneraciones, estableciendo que magistrados, jueces y órganos disciplinarios no podrán percibir ingresos superiores a los de la persona titular de la Presidencia,
Otro punto relevante es el rediseño de los periodos y mecanismos de permanencia. La propuesta transitoria que define nombramientos de seis y nueve años, determinados en función de votación, así como la continuidad de los actuales integrantes hasta septiembre de 2027, plantea un proceso de transición que será tan importante como la reforma misma. En materia judicial, los detalles operativos suelen ser tan decisivos como los principios constitucionales.
En el fondo, la discusión no es técnica, sino profundamente política. Se trata de definir qué tipo de justicia quiere construir el Estado. Una más cercana y ágil, sí, pero también una que preserve independencia, profesionalización y confianza pública.
Porque ahí está el verdadero desafío. En México y Querétaro no es la excepción, el problema de la justicia no es solo normativo. Es de percepción, de acceso, de tiempos, de resultados. Reformar leyes es necesario; transformar realidades, mucho más difícil.
@RubenGaliciaB