Al momento de escribir esta opinión, Estados Unidos celebra sus elecciones legislativas de medio término. Hoy, buena parte de los resultados electorales ya será conocida y uno de los resultados que vale la pena analizar es la influencia que tuvo la disputa por los centros de datos.
La infraestructura que hace posible la inteligencia artificial se ha convertido, para sorpresa de nadie, en un asunto electoral. Y no precisamente por los avances tecnológicos, sino por una preocupación mucho más cotidiana: cuánto cuesta la electricidad y quién debe pagar por ella.
En 21 de los 36 estados que eligen gobernador, al menos uno de los candidatos de los principales partidos ha respaldado una pausa o moratoria para la construcción de nuevos centros de datos. En cinco de ellos, incluidos Texas y Ohio, tanto el candidato republicano como el demócrata han asumido esa postura.
El caso de Texas es particularmente revelador. Greg Abbott, uno de los gobernadores republicanos que más había promovido la expansión de la inteligencia artificial, ordenó detener nuevos permisos para centros de datos mientras se realizan auditorías sobre su impacto.
Sumado a lo anterior, diez estados votan por al menos 41 medidas locales relacionadas con centros de datos; 21 de ellas se concentran en Ohio. Algunas buscan limitar o prohibir nuevas instalaciones; otras plantean requisitos adicionales o consultas para conocer la opinión de las comunidades.
Hay, sin embargo, una contradicción innegable que merece atención. Mientras los ciudadanos están decidiendo si quieren o no que se construyan las instalaciones que hacen posible la inteligencia artificial, prácticamente todas las campañas políticas de la actualidad utilizan inteligencia artificial para producir propaganda, segmentar mensajes y comunicarse con los electores.
Lo que ocurra en Estados Unidos tendrá consecuencias también económicas, México es uno de los beneficiarios directos de esta infraestructura, durante el primer semestre del año exportó 82,900 millones de dólares en servidores informáticos para centros de datos. Admas de la inversión para construirlos en nuestro país, donde Querétaro ocupa un lugar estratégico concentrando más del 70% de la capacidad instalada nacional,
Por eso, lo que hoy sucede en Estados Unidos debería observarse con atención desde México. En 2027 tendremos elecciones intermedias federales y se renovarán 17 gubernaturas, incluida la de Querétaro. En un estado donde la industria tecnológica se ha convertido en una apuesta de desarrollo, el tema puede adquirir una relevancia política particular.
La lección estadounidense no es que debamos frenar la construcción de centros de datos, ni que toda inversión tecnológica deba aceptarse sin condiciones. Es que la innovación necesita legitimidad social.
Los centros de datos ya entraron en las campañas electorales. La pregunta para México es si nuestros gobiernos y candidatos estarán preparados para discutirlos con rigor y justificación técnica, más allá de adoptar posturas fáciles y populares.
Rubén Galicia