Hay ideas que regresan una y otra vez al debate público porque, a primera vista, parecen de sentido común. Esta semana volvió a ocurrir. Una influencer y comentarista de medios digitales propuso limitar el derecho al voto únicamente a quienes acreditaran un examen de conocimientos.
La idea, en realidad, no es nueva. Es casi tan antigua como la propia democracia, cada cierto tiempo, cuando los resultados electorales decepcionan a un sector de la sociedad, reaparece la misma explicación: el problema es que la gente vota sin estar suficientemente informada. La conclusión parece lógica: si las personas supieran más, elegirían mejor.
El problema es que la historia demuestra justamente lo contrario, el conocimiento académico nunca ha sido una vacuna contra la corrupción, el autoritarismo o las malas decisiones públicas. Hay universitarios corruptos, economistas que han generado crisis financieras y abogados que han defendido dictaduras. Del mismo modo, millones de personas sin estudios universitarios sostienen todos los días a sus comunidades con un alto sentido de responsabilidad, solidaridad y compromiso cívico.
Confundir educación con virtud política es uno de los errores más antiguos de la historia, la democracia nunca prometió que el pueblo tomaría siempre la mejor decisión. Prometió algo distinto: que todas las personas tendrían el mismo derecho a participar en ella.
Hay además un elemento que suele esconderse detrás de este tipo de propuestas. Cuando una elección produce un resultado que no nos gusta, resulta tentador concluir que quienes votaron distinto simplemente eran ignorantes. Es una explicación sencilla, pero insuficiente.
Las democracias atraviesan una crisis que difícilmente puede reducirse al nivel de conocimientos de sus ciudadanos. Décadas de desigualdad, instituciones incapaces de responder a las demandas sociales, sistemas de justicia inaccesibles para millones de personas y una creciente desconfianza hacia las élites políticas ayudan mucho más a explicar el malestar colectivo que la supuesta ignorancia del electorado.
En el fondo, la propuesta revive una vieja aspiración platónica: la idea de que quienes poseen el conocimiento deberían gobernar sobre quienes solo poseen opinión. El problema es que nadie ha encontrado todavía una forma objetiva de decidir quién pertenece a cada grupo.
Eso no significa resignarnos a una ciudadanía desinformada. Al contrario, necesitamos más educación cívica, instituciones electorales fuertes, gobiernos transparentes y ciudadanos críticos. Claro que necesitamos que las personas conozcan mejor cómo funcionan los congresos, los ayuntamientos, los tribunales y los presupuestos públicos, pero informar nunca debe convertirse en condición para ejercer un derecho fundamental.
La fortaleza de una democracia no se mide por la dificultad de un examen, se mide por su capacidad para construir una sociedad donde cada vez más personas quieran informarse, participar y decidir libremente.
Rubén Galicia