La solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de investigaciones de la Procuraduría General de la República por presuntos vínculos con el narcotráfico y con señalamientos provenientes de agencias estadounidenses, reabre un debate que México conoce bien, pero que rara vez aborda con profundidad.
La narrativa puede hacernos mucho sentido: un país dueño absoluto de sus decisiones, capaz de definir sin interferencias externas su política, su seguridad y su rumbo. Es una idea que forma parte de la historia de México, marcada por intervenciones extranjeras y por un nacionalismo que aprendió a desconfiar. Pero esa versión, romántica, incluso necesaria en su momento, hoy contrasta cada vez más con una realidad distinta.
En la práctica, la soberanía no opera en el vacío. Vivimos en un sistema profundamente interdependiente, donde las decisiones nacionales están atravesadas por presiones económicas, acuerdos comerciales, alianzas estratégicas y dinámicas de poder que rebasan las fronteras. La seguridad no es la excepción. El crimen organizado, el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el flujo de armas son fenómenos transnacionales. Pretender enfrentarlos desde una lógica estrictamente nacional es, por decir lo menos, insuficiente.
¿Hasta dónde es legítima la cooperación internacional en temas de seguridad? ¿En qué punto esa cooperación se convierte en injerencia? ¿Y quién define esa línea? La respuesta no es sencilla, mientras el discurso público apela a la defensa de la soberanía, la realidad cotidiana muestra otra cosa: decisiones económicas influenciadas por mercados globales, tecnologías desarrolladas en otros países que moldean nuestra vida diaria, plataformas digitales cuyos algoritmos, diseñados desde fuera, condicionan la información que consumimos.
En ese contexto, la soberanía parece más un ideal que una condición real. Lo que existe, en cambio, es una soberanía negociada: una capacidad de gestionar límites, de establecer condiciones, de decidir cuándo cooperar y bajo qué términos. No es una renuncia, pero tampoco es independencia total.
El problema es cuando ese equilibrio se rompe. Cuando la cooperación ocurre sin marcos visibles, o cuando la defensa de la soberanía se utiliza como argumento para evitar rendición de cuentas.
Casos como el de Rubén Rocha Moya o la polémica en torno a Maru Campos no deberían leerse únicamente como episodios aislados, sino como síntomas de una tensión más amplia, en materia de seguridad, esa tensión es aún más evidente. El crimen organizado no reconoce soberanías. Cerrar la puerta a toda colaboración externa puede ser tan problemático como abrirla sin condiciones.
Al final, la pregunta no es si México es soberano. Pocos países lo son por completo. La pregunta es cómo ejerce esa soberanía en un entorno donde el poder se distribuye de forma desigual y donde las decisiones internas tienen, inevitablemente, componentes externos.
La soberanía hoy en día no es un concepto estático. Es una práctica. Y como toda práctica, se define menos por lo que se declara y más por cómo se ejerce.
@RubenGaliciaB