Mariana Mazzucato es la economista contratada por el Gobierno para evaluar el Plan México, la principal estrategia de política económica e industrial del país. Sus trabajos sobre innovación, Estado emprendedor y desarrollo económico han influido en gobiernos, organismos multilaterales y universidades de todo el mundo, por lo que, en principio, esta evaluación parecería una buena noticia.
Aunque el documento State Transformation for Plan México: A Mission-Oriented Approach to Delivering Shared Prosperity aún no es público, los fragmentos del borrador que han trascendido muestran un diagnóstico que aporta poco a una realidad ampliamente conocida.
La llamada economía de misiones, eje de la propuesta de Mazzucato, no consiste simplemente en que el Estado invierta más o impulse sectores estratégicos. Exige reguladores autónomos, evaluadores independientes, tribunales confiables, reglas estables y contrapesos institucionales.
Ahí aparece la primera paradoja. Resulta difícil construir una política industrial de largo plazo mientras se debilitan algunos de los mecanismos que precisamente hacen posible esa visión de largo alcance.
También ha llamado la atención otra ausencia. En un documento que pretende orientar la transformación económica de México prácticamente no aparecen economistas mexicanos. Ello no resta mérito a las aportaciones de Mazzucato, pero sí recuerda que comprender una economía implica conocer su historia, sus instituciones y el trabajo de quienes la han estudiado desde dentro.
Más aún cuando varias de las recomendaciones recuerdan propuestas que la autora ha formulado para países como Brasil, Barbados, Sudáfrica o el Reino Unido. Eso tampoco es un problema por sí mismo; las buenas ideas pueden adaptarse. El riesgo aparece cuando el diagnóstico se vuelve genérico y pierde de vista las complejidades políticas, territoriales e institucionales de cada país.
Pero quizá la reflexión más importante sea otra. México no padece una escasez de diagnósticos. Desde hace décadas sabemos que necesitamos fortalecer la banca de desarrollo, elevar la inversión en ciencia y tecnología, mejorar la recaudación, impulsar una reforma fiscal, aumentar la productividad y consolidar una política industrial moderna. Lo han dicho economistas nacionales y extranjeros, universidades, organismos internacionales y centros de investigación.
La pregunta ya no es qué hacer. La pregunta es por qué, sabiendo qué hacer, seguimos teniendo tantas dificultades para hacerlo.
El propio Plan México ilustra esa tensión. Su narrativa incorpora elementos valiosos sobre relocalización industrial, cadenas de valor, innovación y desarrollo regional. Sin embargo, después de más de un año y medio, los resultados siguen siendo modestos frente a la magnitud de sus objetivos.
Al final, el desarrollo económico no depende de contratar el mejor diagnóstico ni de acumular recomendaciones. Depende de la capacidad para convertir el conocimiento en decisiones, las decisiones en instituciones y las instituciones en resultados. Los planes pueden redactarse en unas cuantas páginas; la confianza para ejecutarlos tarda décadas en construirse y apenas unos años en perderse.