Es triste la situación de inseguridad e ingobernabilidad que existe en nuestro país. Este sábado fue la gota que derramó el vaso. Carlos Manzo Rodríguez, “El del sombrero”, el valiente alcalde de Uruapan, fue ejecutado la noche del 1 de noviembre durante un evento público, acompañado de su familia, en las festividades de Día de Muertos de su pueblo. De poco sirvieron los dispositivos de seguridad, los protocolos y las declaraciones oficiales. El asesinato de Manzo es la punta del iceberg de un Estado fragmentado, donde el poder del crimen ha rebasado los límites del miedo y del silencio.
En Michoacán, la violencia no es nueva. Desde hace por lo menos dos décadas, Uruapan ha sido disputada una y otra vez por distintos grupos criminales: el Cártel del Milenio, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, las autodefensas y más recientemente, el Cártel Jalisco Nueva Generación. La historia reciente del Estado está marcada por episodios de horror: la “guerra contra el narco” iniciada tras la petición del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel (hoy jefe de la oficina de la Presidencia) en 2006, los granadazos del Grito de Independencia en Morelia en 2008, las masacres, los desplazamientos, las comunidades enteras sitiadas por el miedo. Presidentes municipales, gobernadores y presidentes de la República han ido y venido, y ninguno ha logrado resolver el problema de fondo.
Hoy la situación que se vive en Michoacán y en estados como Zacatecas, Sinaloa, entre otros, es el reflejo de un proceso de descomposición institucional que ha hecho del crimen una estructura paralela de poder. En Uruapan y buena parte del Estado, la extorsión contra aguacateros y limoneros, la ocupación y explotación ilegal de minas, y el control criminal del puerto de Lázaro Cárdenas (clave para el tráfico de drogas y precursores químicos) son el verdadero rostro de una economía capturada. El reciente secuestro y asesinato de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón que también desafió al crimen, fue el aviso previo del atentado contra Manzo. Ambos compartieron el mismo destino por atreverse a romper el pacto del silencio.
De poco sirve preguntarse de qué partido era el alcalde o quién gobierna Michoacán. Lo verdaderamente alarmante es que un alcalde que quiso hacer las cosas bien, que denunció al narco, termine asesinado en público, frente a su familia. Es el mensaje más claro que puede enviar el crimen organizado: gobiernan ellos, no el Estado.
Si este no es el punto de quiebre, no sé qué más podamos esperar para una llamada de emergencia nacional. Pero, como tantas otras veces, pasará a formar parte de la estadística. Porque en México parece que seguimos con una serie de operativos dispersos, sin inteligencia ni coordinación, sin entender que este no es un asunto local ni partidista: es una cuestión de soberanía. Mientras el combate al crimen organizado no se asuma como lo que realmente es, un asunto de Estado, de seguridad nacional y de supervivencia institucional, seguiremos lamentando sucesos como el de este sábado.
@RubenGaliciaB