Un fenómeno que ha encendido el debate público en México y que merece una reflexión al respecto es el caso conocido en redes como #DatoProtegido. Lo que comenzó con un tuit terminó en una resolución judicial, una sanción económica, una disculpa obligatoria y una ciudadanía preguntándose si todavía puede opinar libremente en Internet.

El 14 de febrero de 2024, la ciudadana Karla Estrella cuestionó en su cuenta de X cómo fue que Diana Karina Barreras, actual diputada federal por el Partido del Trabajo, accedió a su candidatura. Haciendo mención de su relación con un alto funcionario legislativo. Lo que podría leerse como un comentario político, a lo mucho incómodo, fue interpretado por las autoridades electorales como violencia política por razón de género.

La resolución ordenó una disculpa pública, una multa y la inscripción de Karla Estrella en el registro nacional de personas sancionadas por violencia política. Lo que llamó más la atención fue el formato de la disculpa: un texto redactado por la autoridad electoral que usaba la frase “DATO PROTEGIDO” para evitar mencionar el nombre de la persona agraviada. Así, una disculpa que se suponía reparadora se volvió un símbolo de lo contrario: el exceso regulatorio.

Si analizamos a mayor profundidad, este es un claro reflejo de cómo instituciones diseñadas para proteger derechos pueden desvirtuar sus objetivos. La violencia política por razón de género es real, estructural, persistente y devastadora. Pero usarla como herramienta en disputas donde no hay amenaza real ni daño desproporcionado es un error.

Este caso preocupa porque crea un precedente: que un cuestionamiento ciudadano, aunque malicioso o mal planteado, sea castigado con el mismo rigor que campañas organizadas de desprestigio, amenazas o acoso sistemático. No todo juicio personal ni toda crítica política es violencia.

Las instituciones del Estado mexicano tienen la obligación de proteger a las mujeres de la violencia, especialmente en los espacios políticos, históricamente excluyentes y hostiles. Pero también tienen el deber de respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, especialmente cuando se trata de ejercer la crítica, el disenso y la opinión. Lo que se sanciona hoy como “violencia simbólica” mañana puede volverse un instrumento para silenciar al incómodo, al opositor o al ciudadano común.

Por supuesto, no se trata de negar el uso de estereotipos de género en la discusión pública. Existe y hay que combatirlo. Pero debemos evitar construir una institucionalidad incapaz de distinguir entre lo verdaderamente dañino y lo simplemente polémico. La violencia contra las mujeres no puede convertirse en un escudo para evitar el escrutinio público. Mucho menos puede ser usada fuera de contexto, como una herramienta para silenciar voces incómodas.

#DatoProtegido ha puesto sobre la mesa una pregunta que no podemos ignorar: ¿estamos creando un sistema que protege o uno que censura?

En democracia, el disenso y el cuestionamiento no son un crimen: son la base misma del pacto social.

@RubenGaliciaB