[Publicidad]
En Querétaro, el 2026 no se presenta como una promesa futurista, sino como una prueba inmediata de capacidad. La conversación ya no gira en torno a qué tecnologías llegarán, sino a si el estado está listo para sostenerlas. Energía, agua, trámites y confianza institucional se han convertido en el verdadero termómetro del desarrollo.
La economía digital dejó de ser un sector separado de la industria tradicional. Hoy, la manufactura, la logística y los servicios dependen de datos, automatización e inteligencia artificial. No es un cambio semántico: es un cambio de poder. Los territorios que entiendan esta transición atraerán inversión de largo plazo; los que no, enfrentarán fricción social y desgaste político.
Querétaro vive este momento con intensidad. La llegada de centros de datos y proyectos tecnológicos de gran escala colocó al estado en el centro del debate nacional. Estas inversiones no producen bienes visibles, pero sostienen toda la economía digital. Por eso el foco público se desplazó rápidamente hacia dos temas sensibles: energía y agua. La pregunta ciudadana es directa y legítima: ¿cómo se garantiza el crecimiento sin comprometer recursos esenciales?
A este escenario se suma una tendencia decisiva para 2026: la inteligencia artificial deja de ser una herramienta de apoyo y se convierte en un sistema que ejecuta procesos completos. Cuando la sociedad adopta esta lógica, la tolerancia a la burocracia tradicional se erosiona. Digitalizar trámites ya no es modernización; es una exigencia básica. Y hacerlo sin gobernanza digital, ciberseguridad y rendición de cuentas implica riesgos que ningún gobierno puede ignorar.
La política pública entra así en una nueva fase. Gobernar ya no consiste solo en atraer inversiones o anunciar programas, sino en garantizar infraestructura, reglas claras y confianza. La energía eléctrica, la conectividad y la protección de datos se vuelven elementos de gobernabilidad, no simples insumos técnicos.
El desafío de Querétaro hacia 2026 es claro: convertir la tecnología en un bien público, no en un privilegio. Lograr que la innovación conviva con la justicia territorial, que el crecimiento sea sostenible y que el estado tenga la capacidad técnica y ética para acompañar la transformación.
La pregunta de fondo no es cuánta tecnología llega, sino qué tan preparado está el gobierno para administrarla. Porque en esta nueva etapa, la innovación no se mide por anuncios, sino por su impacto real en la vida cotidiana de las personas.
[Publicidad]