A partir del 1 de septiembre, cuando arrancan los trabajos legislativos, la inteligencia artificial entrará de lleno a la conversación pública. Conviene que el lector lo sepa desde ahora, porque lo que se decida ahí nos alcanzará a todos.
Empecemos por el tamaño del tema. Se calcula que para 2030 la IA aportará cerca de 15.7 billones de dólares a la economía mundial, más que la producción actual de China e India juntas, según PwC. Y ya está en la vida diaria: de acuerdo con McKinsey, cerca de siete de cada diez organizaciones la usan en alguna de sus áreas.
Su impacto se siente donde más importa: en el empleo y en las aulas. El Foro Económico Mundial calcula que para 2027 la automatización y la IA habrán transformado cerca de uno de cada cuatro empleos en el mundo, creando y desplazando millones de puestos a la vez. Y en la educación la IA ya está en el salón de clases, lo que abre una pregunta urgente: qué usos son válidos y cuáles no. Ninguna de estas transformaciones es de mañana. Son de hoy.
Hoy hay en el Congreso 67 iniciativas en materia de tecnología e inteligencia artificial que esperan dictamen. Que el tema por fin entre a la agenda es una buena noticia y hay que celebrarlo. La pregunta legítima es por qué ahora, y la respuesta tiene que ver con lo mucho que está en juego.
Digámoslo con claridad: regular no es frenar, es dar certeza. La Unión Europea aprobó en 2024 la primera ley integral de IA del mundo; la UNESCO adoptó en 2021, con sus 193 países miembros, la primera recomendación global sobre su ética; la OCDE fijó principios desde 2019 que siguen más de cuarenta naciones. No frenan el progreso: permiten que llegue a todos.
Donde de verdad importa es en el suelo, donde vive el ciudadano. La IA bien usada es un trámite que se resuelve en minutos y no en semanas, un reporte de bache que llega a quien debe atenderlo, una detección médica a tiempo. En Querétaro lo vemos en la digitalización de servicios: la tecnología rinde cuando se pone del lado de las personas.
Por eso propongo tres ideas simples. Transparencia: cuando una decisión pública se apoye en un algoritmo, debe poder explicarse en palabras claras. Responsabilidad: detrás de cada decisión, siempre una persona, nunca la máquina como excusa. Beneficio ciudadano: la primera pregunta ante cualquier sistema no es qué tan avanzado es, sino a quién sirve.
Y hay una dimensión que no podemos perder de vista. Quien regule la inteligencia artificial estará fijando, en los hechos, parte de las reglas del juego de las próximas elecciones. La IA ya pesa en las campañas digitales: en cómo se segmenta un mensaje, cómo se informa o se desinforma, cómo se conversa con el elector. Definir hoy sus límites es definir la cancha de la democracia de mañana. El tema no es solo técnico ni económico: es, en el mejor sentido, profundamente político.
No partimos de cero. Regular la inteligencia artificial es una decisión sobre el futuro que queremos y sobre a quién debe servir la tecnología. La respuesta, para mí, es sencilla: a las personas. Todo lo demás viene después.